Una vez comprobado que el sistema judicial falló en el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, todas las partes intervinientes en el proceso dedicaron la jornada de ayer a tratar de justificar su intervención y derivar las posibles responsabilidades hacia otro lado. Ni el juez, ni la fiscal ni la Consejería de Justicia de la Junta se sienten culpables de que el principal sospechoso del crimen se hallara en libertad, a pesar de la condena firme que pesaba sobre él de dos años y medio de cárcel por haber abusado sexualmente de su hija.

El primero en marcar distancias fue el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, el juez Rafael Tirado Márquez, quien sostiene que, durante dos años (entre marzo de 2006 y marzo de 2008), nadie le informó en su juzgado de que Santiago del Valle no había ingresado en prisión para cumplir la condena que le había impuesto por los abusos a su hija. El juez, que está bastante consternado por lo ocurrido y que incluso desde ayer cuenta con protección policial, insiste en que ha tramitado con "celeridad" la ejecutoria de la sentencia de Santiago del Valle. Entre enero de 2006, cuando la Audiencia devuelve los autos al juzgado tras confirmar íntegramente la sentencia -un fallo que se produce dos años y medio despúes de la primera resolución-, y marzo de 2006, el juez ordena que se proceda al cumplimiento de la sentencia y dicta una serie de oficios para averiguar el patrimonio del acusado, con la finalidad de conocer si dispone de recursos para pagar la indemnización a su hija a la que también fue condenado.

Rafael Tirado señala que en marzo de 2006 se produce otro acontecimiento que influye en la tramitación: la funcionara que lleva estos asuntos causa baja por enfermedad y su sustituta no se incorpora hasta agosto, cinco meses después. La Consejería de Justicia, según el magistrado, no suple esta ausencia de la funcionara salvo "tres días" en el mes de julio.

La consejera de Justicia, María José López, resta, en cambio, trascendencia a esta denuncia del magistrado, a pesar de que su departamento es el responsable de dotar a los órganos judiciales de los medios materiales y personales para que la Justicia funcione con agilidad y eficacia. Lo que no puede obviarse es que un juzgado que durante cinco meses no cuenta con la funcionaria encargada de tramitar la ejecución de las sentencias acumula un mayor retraso, que se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que el juzgado de lo Penal tiene ahora 600 causas de ejecución abiertas.

Junto a la ausencia de la funcionaria, el juez esgrime en su defensa que durante dos años nadie le comunica ninguna novedad sobre el asunto, pero la ejecutoria de la sentencia sigue tramitándose en el órgano del que es máximo responsable, aunque con un resultado desigual y con un parón de un año y medio (entre marzo de 2006 y septiembre de 2007). En este momento interviene otro de los actores que pueden resultar claves en lo ocurrido: la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez Muñoz, que firma una "diligencia de ordenamiento" en la que literalmente acuerda que, en cumplimiento de la resolución del juez (de 18 de enero de 2006) que denegó la suspensión de la condena a Santiago del Valle y su esposa, se procesa a la averiguación de domicilio y actual paradero de la mujer y, asimismo, "a la detención e ingreso en prisión" del pederasta. En el expediente de ejecución aparece que, tras esta diligencia, la secretaria remite un oficio a la Fiscalía de Sevilla (de fecha 9 de octubre de 2007) con la finalidad de que el Ministerio Público se pronuncie sobre si procede la detención e ingreso en prisión del condenado. Ese requerimiento, según el juzgado de lo Penal, no fue contestado por la Fiscalía, por lo que, cinco meses después (el 7 de marzo de 2008), se le vuelve a requerir y es entonces cuando la Fiscalía interesa la detención de Santiago del Valle.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, niega la mayor y asevera que estos dos requerimientos no fueron efectuados en realidad, puesto que según la fiscal jefe, que fue la que representó al Ministerio Público en el juicio a Santiago del Valle, desde que la sentencia adquirió firmeza "no consta ninguna entrada de la causa" en la Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2008, es decir, más de dos años después de que la Sección Séptima de la Audiencia confirmara la condena del pederasta.

Este tribunal tampoco sale bien parado en el informe elevado ayer por Segarra a la Fiscalía General del Estado, por cuanto la Sección Séptima tardó dos años y medio en resolver el recurso de apelación presentado por Santiago del Valle contra su condena por los abusos sexuales a su hija.

Entre unos y otros, la Policía es la que no tuvo ninguna intervención irregular, puesto que Santiago del Valle no fue puesto en busca y captura y, por tanto, no podía detenerlo.