El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez ha defendido este martes que “siempre ha tenido la convicción” de que todas las ayudas concedidas durante el tiempo que estuvo al frente de la dirección general estaban “ajustadas a la legalidad y nunca tuvo conocimiento de que se estuviera beneficiando a alguien de manera ilegítima”.

En respuesta a las preguntas de su abogado defensor, Juan Márquez, que ocupó el cargo entre abril de 2008 y abril de 2010, ha explicado que siempre ejecutó “todas las recomendaciones” de los técnicos de la Consejería de Empleo, así como de la Intervención delegada en esta consejería y de la Intervención General de la Junta. El ex alto cargo ha recordado que durante su etapa pidió informes externos a un bufete de abogados y a una consultora porque pretendía “mejorar los procedimientos administrativos” y ninguno de estos informes “establece la ilegalidad del convenio marco” o de las resoluciones y órdenes de pago ni de los convenios particulares, y “ninguno insta a cesar en el procedimiento que veníamos desarrollando con absoluta normalidad”, ha añadido.

Esos informes se encargaron, según ha dicho, no porque tuvieran la más mínima sospecha o sombra de ilegalidad, sino para hacer caso a las “recomendaciones” de la Intervención General de la Junta.

Márquez, que sucedió a Javier Guerrero tras ocho años en el cargo, ha relatado que a su llegada a la dirección general, nadie le informó sobre los procedimientos y comprobó que su antecesor había estado concediendo ayudas durante estos años “con conocimiento de todo el mundo”, como las distintas consejerías y la Intervención General, y siempre entendió que tenía “plenas competencias” para dar las ayudas, dado que le comentaron que era un programa establecido en la propia ley de Presupuestos. “Por mi formación y conocimiento no me planteé que las transferencias de financiación pudieran ser irregulares ni mucho menos ilegales”, ha afirmado Márquez, que ha agregado que tiene estudios de Bachillerato y no tenía “capacidad ni conciencia crítica de que pudieran ser irregulares” las ayudas.

El ex alto cargo ha señalado que no tuvo conocimiento del informe de cumplimiento elaborado por la Intervención respecto al ejercicio 2003, porque era muy anterior a su etapa, y además ha asegurado que la Intervención delegada en la Consejería de Empleo nunca le hizo “ningún reparo o manifestación de que estuviera actuando de manera irregular o ilegal. El interventor delegado no puso ningún reparo y era la persona que previamente fiscalizaba el presupuesto y daba el visto bueno a las transferencias de financiación, con lo que actuaría en la conciencia de que el modelo era el adecuado”.

El acusado también ha defendido que los expedientes de ayudas durante su mandato estaban “todos completos” y todos los convenios que se firmaron “pasaban y eran supervisados por la asesoría jurídica de la agencia IDEA”. Además, ha dicho que él fue quien cuestionó los denominados “pagos cruzados” de las pólizas y sobre el “desfase presupuestario” en la agencia IDEA ha afirmado que lograron atajarlo en 2009 y concluyeron el ejercicio con un excedente presupuestario de 1,2 millones.

Juan Márquez, que se enfrenta a una petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicas, ha insistido al inicio de la decimonovena sesión del juicio en que no ratifica la declaración que prestó en julio de 2012 ante la juez Mercedes Alaya porque, según dijo el lunes, esa declaración se prestó en medio de una “presión muy fuerte”.