El decreto que permite a la Junta de Andalucía expropiar viviendas vacías o en riesgo de desahucio a los bancos fue ayer criticado por el presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel, quien apuntó que esa posible expropiación afectará al futuro del sector inmobiliario y acabará siendo repercutida en los clientes. En el primer caso, Medel indicó que "no va a ser bueno" para los promotores. "La salida a sus problemas será más larga y más penosa con medidas de este tipo que sin ellas y la atención de los bancos a la financiación bajará".

Medel pidió "respeto, acatamiento y ejecución leal" de las medidas que adopte la Administración, pero consideró que hay que ver las posibles consecuencias de esas decisiones. "Cualquier medida que se tome afecta en círculos concéntricos muchos más amplios", dijo Medel, quien puso como ejemplo la dación en pago. "En los países donde hay dación en pago la financiación hipotecaria es el doble de cara", afirmó.

"En economía no hay nada gratis. Lo que gana uno lo pierde otro, de forma que eso se repercutirá sobre los ahorradores y depositantes de las entidades financieras", añadió el presidente de Unicaja, quien consideró que la opinión de los ciudadanos sobre el decreto puede variar en función de cómo les afecte en el bolsillo. "Luego vienen las quitas de las entidades financieras y los ahorradores protestan", apuntó Medel, advirtiendo que las entidades podrían remunerar menos a sus clientes si les expropian los inmuebles.

El presidente de Unicaja señaló que habrá que esperar para ver si prevalece la legislación autonómica sobre la central o la comunitaria en relación con este asunto. En cualquier caso, lanzó dos reflexiones al aire. La primera es que, según el decreto, "la compensación económica a los bancos por la expropiación queda al arbitrio de los presupuestos de cada año". En segundo lugar, denunció la posición de las administraciones sobre las viviendas sociales. Medel criticó que las administraciones "no planteaban esto como una prioridad hace tres años" e hizo hincapié en que "ha habido un desierto de vivienda asequible durante muchos años y la vivienda de protección oficial desapareció. Ahora, cuando se presenta el problema, no tenemos un parque social de viviendas". En este sentido, el máximo responsable de Unicaja dijo que si las administraciones hubieran promovido esas viviendas sociales incluso "los precios de la vivienda libre no habrían llegado donde llegaron".

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, señaló que el decreto es "desafortunado" porque genera inseguridad jurídica a los propietarios y a los inversores. "Medidas de este tipo perjudican a un sector que está en transformación, que lo está pasando mal y que es un pilar para la economía", subrayó.

González de Lara agregó que "aunque puedan tener una finalidad legítima desde el punto de vista político, de partida genera inseguridad jurídica a ahorradores, inversores, propietarios y, por supuesto, a las propias entidades financieras".