El Ayuntamiento de Mijas tiene abiertos unos 3.000 expedientes por infracción urbanística, es decir, porque hay otras tantas construcciones irregulares que han aflorado en el municipio sin licencia, la mayoría diseminados levantados en suelo rústico. Los propietarios se enfrentan a elevadas sanciones que en muchos casos no pueden pagar y lo que es peor, a la demolición.

El Pleno municipal aprobó ayer por unanimidad una moción para "buscar todas las posibilidades legales y de planeamiento" y que las familias no se queden en la calle, aunque hay 300 vecinos afectados por la notificación municipal para pagar una multa además de la orden de derribo de sus viviendas por ilegalidad.

La cuantía de las multas depende de la superficie de la casa y su importe oscila entre los 50.000 y los 240.000 euros, informaron ayer fuentes cercanas al colectivo ciudadano Asociación por la Regularización de Viviendas de Mijas, formado tras la orden local. Los pagos se deben abonar mensualmente, un porcentaje cada 30 días, y ya hay familias que han materializado alguno.

En Marbella, la Fiscalía ha abierto diligencias a instancias de una comunidad de propietarios para investigar si la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), incurre en un presunto delito por no ejecutar las sentencias firmes de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que anulan licencias de obras y cuya consecuencia es el derribo. La denuncia se refiere a cuatro procedimientos, uno de ellos sobre parte de la casa de Antonio Banderas.