Miles de personas se manifiestan contra la reforma del sector público

  • Los organizadores dicen que 50.000 personas han exigido la derogación del decreto ley. Aseguran que si la Junta no rectifica, "seguirán luchando".

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Ni ultras ni batasunos, sino miles de empleados públicos de la Administración autonómica se echaron ayer a la calle en Sevilla para desafiar, de nuevo, al Gobierno socialista de José Antonio Griñán contra el decreto ley de reordenación del sector público. El llamado decretazo. Su "derogación inmediata". Esta es la exigencia de los trabajadores de la Junta de Andalucía, el "cortijo del PSOE que se derrumba", según uno de los eslóganes más repetidos de la manifestación, en otra jornada más de movilización multitudinaria. El enfrentamiento, por si alguien seguía teniendo dudas a estas alturas, entre la Junta y una inmensa parte de sus trabajadores es total.

El Gobierno no cree que el cisma sea para tanto. En la consabida guerra de cifras que brota cada vez que hay que ofrecer los números de una manifestación, la Junta optó por hablar de diez mil participantes. Los sindicatos y colectivos convocantes se fueron más allá de los cincuenta mil. Los manifestantes, ya preparados, lo sabían, y a las puertas del Parlamento, donde concluyó la marcha, corearon: "¡Después diréis que somos cinco o seis!".

La marcha comenzó ante la sede del Gobierno autonómico, el Palacio de San Telmo, y recorrió toda la Ronda hasta finalizar frente al Parlamento, cuya verja quedó decorada con banderas de los sindicatos y organizaciones convocantes, pasquines con los rostros de Griñán -sustituyendo la cara de Franco en su encuentro con Hitler en Hendaya- y de Carmen Martínez Aguayo y Mar Moreno -como expertas en enchufes- y otros mensajes.

En el manifiesto leído al final de la marcha, suscrito por CSIF, CGT, USO, Ustea, SAT, Safja, Plataforma de Empleados Públicos Andaluces (PEPA), Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta de Andalucía y otros colectivos, los convocantes pusieron el énfasis en el "ataque" a los ciudadanos que esconde el decretazo, ya que éstos "pierden garantías de transparencia, imparcialidad y objetividad" en procedimientos como asignación de ofertas de empleo, selección de residencias para la tercera edad, adopción o protección de menores, gestión del agua, elección de un colegio, recepción de una pensión no contributiva o tramitación de subvenciones. Los oponentes al decreto de la Junta denunciaron de nuevo la "mercantilización y posterior privatización de los servicios públicos".

Una portavoz de la PEPA, Auxiliadora Honorato, advirtió que "dentro de las agencias no se podrá garantizar la gratuidad del servicio público porque el decreto deja claro que tienen que rentabilizar sus costes, lo que significa que los ciudadanos tendrán que pagar más por los mismos servicios". La secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, destacó que con el decreto "habrá una pérdida de derechos no sólo para los empleados públicos, sino para todos los ciudadanos". Por su parte, la responsable de Administración Autonómica de CSIF, Alicia Martos, insistió en que "este decreto, inconstitucional e ilegal que propicia la falta de independencia de la Administración pública, vacía a los andaluces de un derecho patrimonial que debe estar en sus manos, independiente, eficaz e imparcial".

El manifiesto suscrito por las fuerzas que rechazan el decreto de la Junta recalca además que la comunidad autónoma "precisa de una profunda reordenación del sector público", pero lejos de un modelo "con agencias ni con cualquier otra fórmula de Administración paralela ni con gestión privada". También hace hincapié en "la transparencia en la gestión del dinero público" y alerta de la conversión de la Administración en "un nicho de empleo precario".

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