Un informe realizado por el diario The New York Times identificó a 41 personas que trabajaron en los trabajos de descontaminación de Palomares, de los que 21 tenían cáncer y nueve ya habían muerto a causa de ello. Todos ellos estuvieron presentes en la limpieza del terreno con material radiactivo de Palomares tras el choque de un bombardero estratégico estadounidense B-52 y un avión nodriza KC-135 ocurrido en enero de 1966 mientras realizaban ensayos por el Mediterráneo.

En aquella época, el ejército norteamericano tenía vía libre para realizar todo tipo de ejercicios sobre el espacio aéreo español. Años después, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una serie de leyes con el objetivo de otrogar beneficips a los veteranos que fueron expuestos en determinadas situaciones o conflictos, como la Guerra de Vietnam o las pruebas atómicas en Nevada. Sin embargo, esta legislación no es aplicable a los soldados que limpiaron Palomares. Los veteranos sostienen que pasaron meses trabajando entre polvo tóxico con apenas una vestimenta de algodón. En 2017, los supervivientes trataron de obtener cobertura de atención médica completa y la compensación por discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos. Pero el departamento se basa en los registros de la Fuerza Aérea estadounidense, y dado que los archivos dictaminan que nadie resultó afectado en Palomares, el organismo rechaza las afirmaciones. La causa ha resurgido con fuerza, ahora con más apoyo. Con el respaldo de la Facultad de Derecho de Yale y de militares retirados, el oficial de la Fuerza Aérea Víctor B. Skaar ha solicitado al tribunal federal de apelaciones la presentación de una demanda colectiva contra el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos para conseguir una indemnización.