El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informó ayer por primera vez del inicio de medidas por los retrasos en el pago a proveedores, que en virtud de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no pueden superar los 30 días. En las cartas remitidas el pasado viernes a las comunidades autónomas por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dirigida por Antonio Beteta, Hacienda comunica a Aragón y Extremadura que le retendrá recursos del sistema de financiación para el pago directo a proveedores. En esas cartas mantiene en alerta a Valencia y comunica a otras ocho, entre ellas Andalucía, Cataluña y Madrid, la obligación de adoptar medidas.

Hacienda subrayó que esta medida se adopta después de las "numerosas" comunicaciones a las comunidades autónomas para que redujeran a un máximo de 30 días el plazo del pago a proveedores. Las primeras advertencias se produjeron con fecha 5 y 26 de marzo de 2015 y en la última de éstas ya las ponía en alerta, por lo que el pasado 11 de septiembre se les comunicó el inicio de la adopción de las "medidas automáticas de corrección" que prevé la ley.

En la carta a Andalucía le obliga a incluir, en la actualización de su plan de tesorería, el compromiso de adoptar medidas para reducir gastos, aumentar ingresos u otras para reducir el periodo medio de pago a proveedores, toda vez que en la misiva advierte de la "desviación" en relación con la cuantía de la deuda comercial, así como "incumplimiento" de ese período medio de pago a proveedores.

La Junta de Andalucía lamentó ayer que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, "sobreactúe con las comunidades autónomas" y anotó que su periodo medio de pago en febrero fue de 29 días, por debajo del plazo de 30 días que establece la norma.

Por ello, la Junta aclara que en el caso de Andalucía la carta "en ningún caso comunica el inicio de medidas ni coercitivas ni correctivas, y sólo traslada la necesidad de información adicional sobre los periodos medios de pago para garantizar con carácter preventivo que se cumple la normativa". Además, el departamento que dirige María Jesús Montero aseguró que, según los datos del mes de febrero -últimos datos disponibles- el periodo medio de pago de la comunidad autónoma de Andalucía "se sitúa en 29 días, por debajo del límite legal que marca la norma".

No obstante, como informó recientemente esta redacción, Andalucía lleva desde septiembre de 2014 (cuando comenzaron a publicarse las estadísticas) por encima de los 60 días de límite en el pago a proveedores. A finales del pasado año se recompuso y cerró 2015 con un periodo medio de pago de 42,49 días en diciembre.

De hecho la presidenta andaluza, Susana Díaz, anunció en el Parlamento la aprobación en abril de un decreto que garantizará un tiempo medio de pago en los sectores que entiende como esenciales: la salud, la educación y los servicios sociales.

La Junta también quiso apuntar ayer que el periodo medio de pago "es un valor fluctuante debido a que la liquidez de las comunidades depende del Fondo de Liquidez Autonómica, y hasta ahora sólo se han formalizado préstamos para el primer trimestre del año por las cuantías asignadas por el Gobierno central, desconociéndose el acceso al mecanismo en los siguientes trimestres".

La Consejería de Hacienda afirmó que no se siente "preocupada" por la carta de Montoro, pero señaló que es "un síntoma de nerviosismo que sea a raíz de comunicar los datos del déficit cuando el Ministerio de Hacienda haya empezado a preocuparse por el periodo medio de pago y por intentar apretar a las comunidades".

Esta última polémica viene precedida por un enfrentamiento a cuenta del déficit de 2015, del que Hacienda ha culpado a las comunidades autónomas. Éstas han respondido con quejas, como que se haya contabilizado los fondos para el tratamiento de los enfermos de hepatitis C, unos 800 millones, de los que 200 correspondieron a Andalucía.

Para continuar, el pasado fin de semana Hacienda difundió los datos de déficit del mes de enero, con el desvío en el que habían incurrido las comunidades autónomas. Por ejemplo, Andalucía ya tenía un 0,17%, más de la mitad de 0,3% que es el límite para todo el año.

Ayer la Junta de Andalucía comunicó que trasladará a Montoro una queja formal por la "trampa" del objetivo de déficit y criticó el "incumplimiento" del Gobierno central sobre su compromiso para no computar en el déficit el coste de la inversión en los tratamientos para la hepatitis C.