El Gobierno portugués ponía ayer en marcha el peaje en el Algarve después de marchas y acciones de protesta de vecinos, transportistas, empresarios y políticos de ambos lados de la frontera. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) ha interpuesto incluso una denuncia contra el Estado luso por una posible vulneración de los reglamentos europeos sobre tarificación de infraestructuras, mientras que los ciudadanos de la Plataforma A-22 pedían la suspensión cautelar de la puesta en marcha del peaje. La polémica política era de esperar: PSOE y PP han criticado por igual la puesta en marcha del cobro, con los populares mirando a la Junta de Andalucía y el PSOE a la Unión Europea.

Hasta el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha buscado el apoyo de su homólogo portugués para reclamar descuentos para los vecinos onubenses del Algarve que utilicen de forma frecuente esta autovía.

La movilización vivida en Huelva y el Algarve se ha repetido en otras zonas españolas y lusas afectadas. Así, las asociaciones de usuarios de las cuatro autopistas portuguesas que desde ayer son de pago anunciaron que las protestas contra los nuevos peajes continuarán. Los principales movimientos ciudadanos de protesta contra estos peajes realizaron una concentración en Viseu, en el centro-norte de Portugal, para denunciar las consecuencias que prevén para la economía local de las regiones afectadas.

"Es un crimen cometido con agravantes porque se trata de la introducción de peajes en autopistas sin alternativa, en regiones donde el poder adquisitivo es la mitad o más bajo que el de la media nacional", dijo en declaraciones recogidas por Efe el portavoz de estos colectivos, Francisco Almeida.