Nuevo episodio en la gresca que la Fiscalía Anticorrupción y la juez María Núñez Bolaños mantienen en torno a las pruebas que deben practicarse en la causa en la que se investigan los avales y préstamos concedidos por la agencia IDEA. El Ministerio Público ha presentado un recurso de reforma contra una providencia en la que la instructora acordaba una serie de pruebas, en el que critica abiertamente a la magistrada, a la que acusa de denegar "de manera sistemática" las diligencias que la Fiscalía ha ido proponiendo en esta causa que abrió en su momento la anterior titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En el recurso, el fiscal delegado de Anticorrupción Francisco Sánchez Mellado recuerda que estas actuaciones fueron declaradas de especial complejidad en junio de 2016 y esa declaración se prorrogó en junio de 2017. El representante de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada considera que durante todo este tiempo "el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente, pese a que el fiscal ha interesado en diferentes ocasiones la práctica de diligencias" que le han sido denegadas "de manera sistemática por la magistrada instructora".

Con anterioridad, en octubre del año pasado, María Núñez Bolaños había afeado al Ministerio Público que quería "volver a la instrucción" de Mercedes Alaya y le reprochó expresamente su intención de crear "una ingente e incontrolable macrocausa" con los avales. La juez respondía de esta manera a las críticas que la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, censurara a la instructora por haber excedido, en opinión del Ministerio Fiscal, los "límites legales establecidos" a la hora de ordenar un informe pericial en la causa de los avales y préstamos concedidos por IDEA.

La magistrada respondió a estas críticas acusando a Anticorrupción de pretender "retrotraer las actuaciones y volver a una instrucción ya abandonada que abocaba a la creación de una ingente e incontrolable macrocausa, por lo demás innecesaria, para investigar los hechos o indicios de hechos delictivos denunciados".

En esa línea, Bolaños destacó que la Fiscalía, en esta "insistente solicitud de volver atrás en la instrucción, también recurrió varias resoluciones dictándose autos ilustrativos al efecto debatido", y concluía diciendo que sería "conveniente que el Ministerio Público, en vez de volver a pedir las distintas diligencias acordadas en el auto de 24 de febrero de 2014, pidiera que se siga el diseño de instrucción que se consagraba en ese auto, explicando las motivaciones por las cuales entiende que es más efectivo para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos denunciados en la presente causa abrir una innecesaria e ingente macrocausa, que sólo implica, sin utilidad alguna, complicar una instrucción en grave perjuicio de los derechos fundamentales de terceros".

Para Bolaños, la Fiscalía no había expuesto "de forma clara" esos razonamientos respecto a por qué consideraba que la pericial de la Intervención General de la Administración del Estado y el atestado son "pertinentes y necesarios".

La instructora reconocía en ese auto que es cierto que el modo de comprender la forma en la que ha de llevarse la instrucción es "diametralmente opuesta a la iniciada en el año 2014" en una nueva y clara alusión a la etapa de Mercedes Alaya en este juzgado.

La Fiscalía respondió a este planteamiento de Bolaños con un nuevo escrito en el que respondía a la juez que el Ministerio Público no debía elegir entre su instrucción o la de Alaya, recordando además que su "único interés" en este procedimiento judicial y en todos los que interviene la acusación pública era "promover la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley".