Ojeda denuncia ante el juez a la Junta por "prevaricación masiva"

  • El ex consejero dice que la Administración "abusa de su 'imperium" por no abonar las ayudas

Un contraataque legal en toda regla y con varios frentes judiciales abiertos. El ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda ha denunciado en los tribunales a la Junta de Andalucía, por dejar de pagarle las subvenciones de los cursos de formación justificados, y al inspector jefe del grupo de la Udef central de la Policía Nacional que procedió a su detención en agosto de 2014, al que atribuye delitos de falsedad documental, prevaricación y detención ilegal.

Ojeda acusa a la Junta de un delito de "prevaricación masiva", que afecta a "miles" de empresarios, por haber "congelado" el dictado de actos de liquidación del pago de las subvenciones a las empresas para la realización de cursos de formación "con la única intención de que sus legítimos beneficiarios no cobraran lo que se les debía". La denuncia, que suscribe el letrado Juan Antonio Resino, fue presentada el 28 de octubre pasado y está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla, al que el ex consejero ha solicitado la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se reclame a la Consejería de Empleo la totalidad de los expedientes administrativos de concesión de ayudas a las empresas de su grupo y se identifique a las autoridades públicas y funcionarios "encargados de decidir sobre cuándo liquidar los expedientes ya terminados y justificados" y las autoridades públicas y funcionarios encargados de tomar la decisión de aperturar los expedientes de reintegro", así como que la Policía Judicial elabore un atestado y tome declaración a "todos los funcionarios y cargos públicos".

En la denuncia, que recientemente ha sido ampliada, Ángel Ojeda sostiene que la Junta "ha llevado a cabo dicha práctica presuntamente prevaricadora de manera masiva, es decir, a todos los miles de empresas y empresarios beneficiarios de cursos de formación, encontrándose miles de expedientes pendientes de justificar y con ello, impidiéndose de manera presuntamente consciente y dolosa que miles de beneficiarios de cursos cobren lo que legítimamente les corresponde".

Esta conducta prevaricadora, prosigue la denuncia de Ojeda -que es uno de los principales imputados en la investigación sobre el fraude de los cursos que lleva el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla-, "no puede tener amparo en la pretendida ausencia de medios" porque la Junta sí tiene medios "más que suficientes para incoar expedientes de reintegro".

La denuncia justifica la investigación por presunta prevaricación en que la Administración ha paralizado de forma "consciente y dolosa" los expedientes de liquidación, "evitando que lo administrados cobren lo que en derecho les corresponde", y además se han incoado expedientes de reintegro con un "objetivo netamente político" y "haciendo así pagar a justos por pecadores y sometiendo a todas las empresas a un mismo rasero de presunción de culpabilidad".

Ojeda concluye que los expedientes se paralizan sine díe, no los revisan y consiguen de facto que los servicios de formación "prestados, ejecutados y realizados, nunca lleguen a cobrarse en su totalidad", obligando a los empresarios a tener que sufragar "las elevadísimas tasas judiciales" de acudir a la vía Contencioso-administrativa, lo que consagra una "colosal injusticia".

La denuncia acusa a la Junta de un "atropello" a los empresarios, al considerar que está "abusando de su imperium, rayando en la impunidad y consciente de que la vía contencioso-administrativa supone a las entidades el desembolso de una cantidad de dinero que no pueden afrontar" y que les causa un "enorme perjuicio", generando una situación de "iliquidez e insolvencia de tesorería que probablemente conduzca a muchas entidades al concurso de acreedores".

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