El PP dio ayer una vuelta de tuerca a su teoría de la persecución política por parte del Gobierno central, poniendo esta vez en el punto de mira su actuación en Andalucía. En este caso no se trata de espionaje ni pinchazos telefónicos; lo que denuncian es que mientras se oculta la detención de los dirigentes del PSOE, cuando son alcaldes o concejales del PP se publicita "convocando a los medios de comunicación y utilizando esposas". La protesta, surgida a raíz de lo que califican como arresto "secreto" de un ex concejal del PSOE de Palos, llegará hasta el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que pedirán explicaciones en el Congreso, a la vez que le reclamarán también la cabeza del delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón.

El encargado de lanzar esta acusación fue el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, que no dudó en apuntar a éste último como el responsable que está "liderando y dirigiendo la persecución de dirigentes populares", mientras "oculta" detenciones como las del ex edil de Palos Antonio Muñoz -en libertad con cargos-. Su arresto se produjo hace seis días por un delito de falsedad documental cometido en una empresa de su propiedad, y no se tuvo constancia hasta cuatro días después, coincidiendo con su renuncia al acta de concejal. Este caso, según Sanz, dista mucho de la situación vivida por el ex alcalde de Aljaraque, al que "esposaron y detuvieron de manera que se conociera por todos", a pesar de que la causa del arresto fuera idéntica.

"Trato privilegiado", actuación "partidista" e "indecente" fue el resumen que de esta intervención policial hizo el dirigente andaluz, que en seguida encontró eco en la dirección nacional del PP. El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, consideró que es una prueba del "doble rasero" y de la "persecución" del Gobierno por la que pedirán explicaciones y dimisiones, como la de López Garzón y del subdelegado del Gobierno en Huelva, ya que "ni la Guardia Civil ni la Delegación del Gobierno informaron de la operación. ¿Dónde estaba la Delegación del Gobierno para informar puntualmente como nos tiene acostumbrados?", cuestionó González Pons.

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Miguel Ángel Vázquez, restó importancia a esta denuncia del PP y la situó en su "carrera alocada" por buscar "cortinas de humo" que ayuden a distraer la atención ante "los escándalos de corrupción que se les están descubriendo desde Madrid a Mallorca". Negó que exista una doble vara de medir y recordó que el concejal de Palos dimitió por una causa abierta por una actividad particular, por lo que concluyó que su actuación ha sido "ejemplar". "Luego será la Justicia quien determine su inocencia o culpabilidad, pero el PP debería aprender lo que es responsabilidad política", apostilló.