Bajo el lema El PSOE dice defender a los hipotecados, pero vota 11 veces en contra de ellos, el PP-A inició ayer una campaña en medios de comunicación y redes sociales con la que pretende "desmontar las mentiras" del PSOE e IU, y contar la "verdad" sobre hipotecados y desahuciados en Andalucía.

La campaña, que será de largo recorrido con la idea de contar la "verdad" sobre los hipotecados y desahuciados en la comunidad, tiene también el objetivo de contrarrestar el "altavoz demagógico" que -según sostiene el partudo- puso en marcha la Junta de Andalucía a través del decreto-ley de Función Social de la Vivienda.

Durante la presentación de la campaña, la portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, anunció que una de las medidas es contar en cada pueblo andaluz las viviendas vacías que tiene la Junta y que cifran en más de 5.000.

Según los datos que ofreció, el problema de los desahucios en la comunidad no es "nada nuevo" ya que entre los años 2008 al 2011 se produjeron en la comunidad, según sus cuentas, unos 63.458 desahucios.

"Este problema es otra herencia del PSOE, como lo es la situación económica y el paro. Ahora el PSOE desde la oposición de Rubalcaba y Griñán al Gobierno de Rajoy empuñan el altavoz populista diciendo que defienden a los hipotecados, pero es mentira", denunció. Para Martínez, el decreto de Vivienda, que establece la expropiación temporal de las viviendas "en inminencia" de desahucio "en caso de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas", se trata de una propuesta "extremista de IU" en la que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, hace "seguidismo".

Los populares sostienen que la Junta, con más de 80.000 viviendas, es la "mayor inmobiliaria y propietaria" de suelo en la comunidad que "vende al mejor postor", mientras IU pide un banco público de tierras. "Que no te lo cuenten a medias", refleja otra de las ideas fuerza de la campaña puesta en marcha por el PP, que detalla uno a uno los 11 "ataques" del PSOE a los hipotecados mientras estaba en el Gobierno central, el último de ellos votar en contra de una ley que parará más de 120.000 desalojos, según los populares.