Caso de los ERE

El PP insiste en que declare Susana Díaz porque es "muy necesario"

  • Los populares alegan que el gabinete jurídico de la Junta, que ejerce la acusación particular, depende directamente de la Consejería de la Presidencia, cargo que ocupó con anterioridad la presidenta andaluza

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La acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE ha insistido este miércoles en que presten declaración como testigos en el juicio la presidenta de Junta, Susana Díaz, el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, y la senadora socialista María del Mar Moreno, al considerar que estas comparecencias son "muy necesarias" para el desarrollo de la vista oral, que hoy ha concluido su quinta sesión.

El letrado Luis García Navarro, que representa a los populares, insistió en la necesidad de que se produzcan estas declaraciones después de que el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, pidiera a todas las partes que explicaran por qué habían solicitado la práctica de las pruebas presentadas en el trámite las cuestiones previas al juicio y no las habían propuesto con anterioridad en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales.

La acusación popular ha reiterado que ha solicitado la declaración de Susana Díaz en relación con una serie de declaraciones realizadas en el Parlamento y también por manifestaciones publicadas con posterioridad a la presentación del escrito de acusación del PP, en las que la presidenta, según ha dicho García Navarro, opinaba y daba datos sobre los hechos investigados, por lo que el letrado estima como "muy necesario" que estos testigos rindan testimonio ante el tribunal.

El letrado también ha argumentado que el gabinete jurídico de la Junta depende directamente de la Consejería de la Presidencia, cargo que ostentó también Susana Díaz antes de alcanzar la presidencia tras la salida de José Antonio Griñán, y ha añadido que la Junta de Andalucía ejerce la acusación particular durante la instrucción de los ERE y en el caso del procedimiento específico pidió el archivo de la causa y se reservó el derecho de las acciones civiles.

En el caso de la declaración del vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, el PP ha dicho igualmente que su comparecencia como testigo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se produjo con posterioridad a la presentación del escrito de acusación, por lo que no pudo proponer su declaración en el mismo.

El abogado también ha justificado la petición del resto de declaraciones y pruebas documentales planteadas en este trámite de las cuestiones previas, entre ellas una serie de acuerdos del consejo de Gobierno que corroborarían unas reuniones previas entre Gaspar Zarrías y Manuel Chaves, y ha concluido que todas las pruebas ahora solicitadas "son pertinentes, necesarias y van a contribuir al esclarecimiento de los hechos".

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