Andalucía

El PP airea las sentencias en contra de la Junta por los expedientes de la formación

  • Denuncia que los jueces han condenado 28 veces a la Administración por no revisar a tiempo los expedientes de subvención

Teresa Ruiz Sillero, portavoz de Empleo del Grupo Popular. Teresa Ruiz Sillero, portavoz de Empleo del Grupo Popular.

Teresa Ruiz Sillero, portavoz de Empleo del Grupo Popular.

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La portavoz de Empleo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero, aseguró ayer que existen 28 sentencias condenatorias contra la Junta de Andalucía "por no revisar a tiempo los expedientes de subvenciones de Formación para el Empleo", algo "tremendamente grave". En conferencia de prensa, Ruiz Sillero dijo que esto supone que la Junta tendrá que pagar más de cuatro millones de euros a empresas receptoras de ayudas a la formación "sin que se haya comprobado la legalidad de las mismas", lo que calificó como "situación surrealista", por ser "empresas que han recibido ayudas que están bajo investigación judicial, y han presentado recursos en el juzgado para solicitar la liquidación del 25% del pago final de la subvención".

"Como la Junta de Andalucía no ha revisado esos expedientes, ahora se condena al Gobierno andaluz al pago, cantidad a la que hay que añadir el pago de los intereses y de las costas judiciales", lo que suma, dijo, 3,7 millones de euros, de los que 2,3 millones irían parar "al entramado empresarial de (Ángel) Ojeda".

A estas cantidades, habría que sumar los intereses, en torno a un millón de euros, más las costas judiciales, dijo, para añadir a continuación que "es el propio abogado de la Junta el que contesta a la Justicia pidiendo que se paralicen esas condenas, "ya que las subvenciones podrían ser declaradas ilícitas penalmente" por la Justicia.

"La Justicia dice que ese asunto está siendo objeto de investigación en la macrocausa judicial, y que la Junta debe cumplir con su obligación y revisar los expedientes", prosiguió la diputada popular, quien lamentó que no sólo "no se esté recuperando el dinero" sino que además "lo sigamos perdiendo", afirmó.

Igualmente, la diputada popular alerta de que a estas sentencias podrían sumarse más, y denuncia además que el gobierno andaluz ha "ocultado" estás decisiones judiciales a la opinión pública, y que son, afirma, "consecuencia de la estrategia de brazos caídos de la Junta de Andalucía", quien tiene expedientes sin revisar de hace más de diez años" en lo que se refiere a los cursos de formación.

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