Apoyar el principio de ordinalidad es "estar en contra de los intereses generales de Andalucía". El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, no ahorró críticas a las propuestas que Ciudadanos, aliados del Gobierno andaluz, ha presentado al documento de financiación autonómica que el viernes aprobará el Parlamento. Sólo el partido naranja se opondrá a este documento, aunque el resto de los partidos han presentado bastantes votos particulares. El PSOE no apoyará ninguno de estos votos, de tal modo que el texto saldrá intacto de su paso por la comisión. Para Jiménez, la inclusión por parte de Ciudadanos de esta garantía para las comunidades ricas obedece a la influencia catalana, ya que fue en esta comunidad donde se introdujo en principio de ordinalidad en el debate nacional.

Aunque Ciudadanos no lo denomine así, el punto número dos de sus propuestas de votos particulares hace mención a dicho principio. Este sostiene que las comunidades receptoras netas de transferencias no podrán tener un nivel superior de financiación a las que aportan al sistema, una vez que hayan actuado los mecanismo de nivelación. Traducido: una vez que se hayan repartido los fondos que garantizan la suficiencia de las competencias fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), ninguna comunidad receptora neta -es decir, las más pobres- tendrá más dinero a su disposición que las que contribuyen de modo global. Aunque el documento de Ciudadanos sostiene que eso es lo que ocurre con el País Vasco y Navarra, se trata de una cláusula para que las comunidades con mayor nivel de recaudación debido a su riqueza no pierden posiciones a la hora de recibir los fondos.

Este asunto es el que ha separado al PSOE y Ciudadanos en el acuerdo de financiación, de modo que los naranjas votarán, en principio, en contra del texto. El PP también pone reparos, aunque lo materializa en forma de votos particulares. PP y Ciudadanos coinciden en que el gasto del Estado del bienestar debe estar contenido por la capacidad de los ingresos, pero los populares no respaldan la ordinalidad. Sólo el PP catalán llegó a respaldarlo en tiempos de Alicia Sánchez Camacho.

Esta cláusula de las comunidades ricas no está amparada en España por ninguna ley ni principio constitucional. Fue un debate que introdujo el PSC de Maragall y que ya estuvo presente en el debate del que surgió el actual sistema, pero se materializó en ningún acuerdo. Un precepto similar figura en la Constitución federal alemana, aunque se trata de un fondo que se activa si los antiguos Estados del Este estuviesen mejor financiados.

El portavoz Mario Jiménez sostiene que el documento de síntesis es mejor que cualquiera de los votos particulares, por lo que el PSOE no respaldará ninguno de ellos, ni siquiera los que provienen de los otros dos partidos de izquierda. El de IU, por ejemplo, contempla la opción de subir los impuestos para mejorar el Estado de bienestar, pero los socialistas se oponen porque no quieren vincular la financiación autonómica a una mayor presión fiscal.