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Andalucía

El PSOE salva la ley de servicios sociales pese a las críticas de toda la oposición

  • El Pleno rechaza la enmienda a la totalidad de IU, pero emplaza a los socialistas a mejorar la norma en el trámite parlamentario

A nadie le gustaba el texto, pero el proyecto de ley de servicios sociales de la Junta salió adelante en el Pleno de ayer. Concretamente, se rechazó la enmienda a la totalidad que había presentado el grupo de Izquierda Unida, que se quedó sólo en la votación a pesar de que la norma presentada por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, había recibido golpes de todos los partidos, excepto el suyo.

Todas las fuerzas, incluso el PSOE, se emplazaron a mejorar la ley en su trámite parlamentario y defendieron la urgencia de la misma. No es baladí, ya que la legislación vigente al respecto data de 1988 y son ya varias las regiones que cuentan con una norma actualizada. Sin embargo, las conversaciones previas a la aprobación final del texto se prevén largas, porque cada grupo achaca unas carencias distintas al mismo.

Existe consenso -si se obvia la postura de los populares- en torno al descontento que provoca la coletilla económica del documento: la que condiciona la prestación de determinados servicios a la disponibilidad presupuestaria de la administración. Aunque no hay un catálogo de servicios establecido -la consejera dio un plazo de un año a la Cámara para elaborarlo-, la ley diferencia entre prestaciones garantizadas y condicionadas a la estabilidad económica, pero Podemos aseguró ayer que ni las primeras están aseguradas. Incluso Ciudadanos, defensor acérrimo del control del gasto, criticó que se supediten los servicios sociales al objetivo de déficit, una iniciativa que tampoco satisface a los profesionales del trabajo social, pero que el PSOE espera poder salvar.

Otra de las grandes críticas de la oposición a la ley de servicios sociales es que afirman que su pretendida novedad no es tal. La parlamentaria popular Ana Vanesa García se refirió a la norma extremeña, promovida su partido y que recoge la atención temprana y la renta básica. De hecho, algunas de las prestaciones que fueron pormenorizadas ayer por la consejera, como el itinerario individualizado o la creación de una tarjeta social, ya están presentes en las normas de otras autonomías.

Desde los grupos de izquierda se hizo especial hincapié en la posibilidad de que las empresas privadas pasen a gestionar algunas de las prestaciones. Elena Cortés, ponente de la enmienda, asimiló la ley a "los hombres de negro de Bruselas" para criticar lo que, a su juicio, es un intento por privatizar los servicios públicos. A pesar de todas estas críticas, sólo los cinco parlamentarios de la coalición de izquierdas apostaron por devolver la norma al Gobierno, por lo que la ley de servicios sociales continuará su trámite.

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