La juez pide a la Policía que aclare si retiene documentos claves para el caso Serrallo

  • El promotor investigado sostiene que los agentes poseen justificantes de pago al Ayuntamiento

El promotor García Arrabal -dcha.- con el ex alcalde Torres Hurtado. El promotor García Arrabal -dcha.- con el ex alcalde Torres Hurtado.

El promotor García Arrabal -dcha.- con el ex alcalde Torres Hurtado.

La juez María Ángeles Jiménez no quiere cerrar la instrucción del caso Serrallo sin dejar despejada una importante incógnita que el empresario investigado, Roberto García Arrabal, dejó en el aire durante su última declaración judicial, en noviembre pasado. El promotor aseguró que la Policía tiene en su poder y no ha entregado ciertos documentos que demostrarían pagos realizados por su empresa al Ayuntamiento de Granada.

En una providencia fechada el pasado 28 de diciembre, la magistrada encargada tanto del caso Serrallo como del Nazarí -ambos sobre supuesta corrupción municipal para beneficiar a empresarios de la construcción desde el Ayuntamiento de Granada- ha ordenado enviar un oficio a la Policía que investiga ambas causas para que aclare algunos aspectos denunciados por García Arrabal en su declaración del pasado 21 de noviembre. En concreto pide al Grupo de Delincuencia Económica que "aporte a la causa, si la tuviera en su poder, copia de la documental" a la que se refiere el promotor en su testifical. Para ello pide que se envíe a los agentes el vídeo de la declaración.

El único empresario investigado en el caso Serrallo por la supuesta construcción de una discoteca en unos terrenos municipales destinados a parque infantil, explicó en su última comparecencia ante la juez que no podía aportar todos los documentos que acreditaban los pagos obligatorios al Ayuntamiento de Granada porque había ciertos papeles que la Policía tenía en su poder y no se los había devuelto.

García Arrabal se refería a la documentación que la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se llevó de la sede de sus empresas el pasado 13 de abril de 2016, durante los registros de la Operación Nazarí. Aunque se trata de una causa judicial diferente, en ambos asuntos se están produciendo multitud de coincidencias y conexiones. De hecho, durante la investigación de una causa han aparecido pruebas o indicios relacionados con la otra. De la documentación incautada al empresario, la Policía ya entregó el año pasado a la juez su informe con el análisis realizado, en el seno de las diligencias de investigación del caso Nazarí.

Pero el pasado noviembre, el investigado acusó directamente a la Policía de llevarse todas las carpetas que le hacían falta (según su versión) para demostrar que ha cumplido con sus obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Granada en lo que se refiere al caso Serrallo. "Se llevaron todo, estamos desprotegidos. ¿Volverá toda la documentación que se llevaron? ¿Volverán los justificantes de pago?". El empresario sostiene que cuando la Policía registró sus oficinas y tomó la documentación no les permitió hacer fotocopias.

La investigación del caso Serrallo comenzó en 2014 y ya desde antes de que se produjeran los registros de la Operación Nazarí (abril de 2016) la juez había reclamado en varias ocasiones a los investigados que aportaran todos los documentos sobre la liquidación económica del plan parcial donde García Arrabal construyó el Centro Comercial Serrallo y la discoteca. Todos han admitido que nunca se llegó a hacer ni presentar en el Ayuntamiento el documento legal que sirve para aclarar el estado de las cuentas y deudas entre el promotor y la Administración local cuando se termina un ámbito urbanístico. Pero los imputados sostienen que, pese a no haberse cumplido esta formalidad, el dinero adeudado a la ciudad está "pagado con creces". Y para justificar esos pagos, el empresario le ha dicho a la juez, que necesitaría cierta documentación que está en manos de la Policía.

Pero es la propia UDEF la que puso de relieve en varios de sus informes que, a su juicio y tras analizar los documentos que tiene en su poder, el promotor habría dejado de pagar al Ayuntamiento unos dos millones de euros. Los peritos de la Junta de Andalucía, a petición del Juzgado, elaboraron otro informe en el que reducían esa cantidad a más de 300.000 euros, pero seguían constatando que faltaban justificaciones de pagos.

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