La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha puesto el acento, en su último informe sobre el fraude en las subvenciones en cursos de formación para desempleados, en la falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de esos programas formativos. Las investigaciones continúan centradas, por el momento, en Málaga, y más concretamente en 17 de las 20 empresas que obtuvieron subvenciones públicas en la convocatoria de 2010 por un montante algo inferior a los dos millones de euros. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de la sección de la Seguridad Social de dicha unidad y los investigadores ya han tomado declaración a alumnos y a tutores.

La UDEF reitera las supuestas irregularidades que habrían sido detectadas, tanto previamente -al detectarse la falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se concedieron los fondos- como en una segunda fase, al quedar constancia del incumplimiento en la contratación del 60% de los alumnos o las falsedades descubiertas en los partes de asistencia. Los investigadores aluden en este último informe a la inexistencia total de control en numerosas ocasiones, a la vez que también subrayan la falta de concurrencia competitiva en esta convocatoria de subvenciones. También sale a la luz la posibilidad de un supuesto favorecimiento a determinadas empresas que se presentaron.

La Fiscalía de Málaga mantiene abiertas unas diligencias de investigación por este caso a raíz de la denuncia inicial presentada en mayo de 2013 y tendrá que determinar la relevancia penal que podrían tener estas investigaciones. Paralelamente, la Fiscalía Superior de Andalucía emitió el pasado abril un decreto en el que considera que puede haber indicios de delito en las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en las subvenciones recibidas por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para cursos de formación a parados.

Concretamente, el órgano fiscalizador incluía la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros sin "justificación alguna".

Lo que sí parece claro es que en 2010 el control del SAE bajó hasta niveles poco operativos para conocer qué ocurría en con los cursos. En 2009 se inspeccionaron en Málaga el 59% de los cursos, un porcentaje muy bajo comparado con otras provincias, donde, en efecto, se visitaban todos, pero es que en 2010, sólo se visó el 33% de estos programas. Así consta en el último informe de la Cámara de Cuentas, un documento muy duro porque advierte de posibles responsabilidades administrativas y contables en los casos de cursos dados por la Faffe, un organismo público de la Consejería de Empleo que no estaba sometida por regla general a las inspecciones por su naturaleza.