Caso de los ERE

Principales conclusiones del informe

Omisión del consejero de Economía

El informe constata que a la vista de las "irregularidades" detectadas por la Intervención General de la Junta no hay constancia de que entre 2000 y 2009 los consejeros de Economía (Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo) adoptaran las "medidas necesarias para evitar las irregularidades" o diesen cuenta del resultado de los informes al Consejo de Gobierno.

Informe de actuación

El interventor de la Junta tenía la "obligatoriedad legal" de emitir el correspondiente informe de actuación porque las actuaciones del IFA-IDEA como pagador de las ayudas "pudieran ocasionar un menoscabo de fondos públicos" por las subvenciones concedida de forma irregular".

Un procedimiento "inadecuado"

La utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas era "inadecuada" e "improcedente" porque esta partida sólo podía destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), debiendo ser reintegrado a la Tesorería de la Junta el importe no aplicado a dicha finalidad.

Se impedía la fiscalización previa

La concesión por parte de Empleo de subvenciones con cargo a la partida de las transferencias permitió "eludir el procedimiento legal establecido para su otorgamiento e impidió su fiscalización previa por el interventor delegado" en Empleo. Se impidió aplicar al otorgamiento de las subvenciones los principios legales de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 8.3 de la ley 38/2003, de Subvenciones.

Un modelo que perduró una década

Los peritos de la Intervención General del Estado concluyen que el cambio del convenio marco de julio de 2001 a la denominada Encomienda de Gestión introducida en 2010 no mejoró la situación: en la práctica el sistema utilizado para la concesión de las ayudas del programa 31L fue "similar al utilizado indebidamente en los diez años anteriores, ya que las nueva partidas presupuestarias se gestionaron como si de transferencias de financiación se tratara", y además la Encomienda de Gestión "habría precisado la aprobación por el Consejo de Gobierno".

El papel del ex director Francisco Guerrero

Las subvenciones del fondo de reptiles se otorgaron por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que dirigió durante una década Francisco Javier Guerrero "sin competencia legal para ello, ya que la delegación de competencias del consejero de Empleo en el director general de Trabajo, en esta materia, no tuvo lugar hasta que se dictó la orden de la consejería de empleo de 3 de marzo de 2010".

Se generó un déficit millonario cada año

El sistema establecido para el pago de las ayudas generó obligaciones para la Junta "sin la necesaria cobertura presupuestaria", incumpliendo la ley general de la Hacienda Pública y generando un déficit en el IFA que llegó a ser de 93,6 millones en el año 2004 y de 95,5 millones en 2004. La asunción de obligaciones sin la necesaria cobertura presupuestaria fue "propiciada" también por la utilización del "irregular sistema que la propia Consejería de Empleo denominó pagos cruzados", con el que se suscribieron nuevas pólizas para otros beneficiarios, "dejando en descubierto, por esos importes, las pólizas anteriormente suscritas". El uso de los pagos cruzados, precisan los peritos, ha generado nuevas obligaciones para la Junta que "podrían ser nulas de pleno derecho" de acuerdo al artículo 38 de la ley de Hacienda de la Junta.

Discrecionalidad

Tras examinar los expedientes, los peritos sostienen que se ha "prescindido absolutamente del procedimiento administrativo" al otorgar las ayudas, por lo que los sistemas utilizados para determinar la empresa elegida y los importes a financiar son "totalmente discrecionales".

Los intrusos y las sobrecomisiones

El informe de la Intervención General del Estado constata que en determinadas pólizas de seguro contratadas para el abono de prejubilaciones figuran personas que "o bien no están incluidas en el ERE o bien no poseen relación con la empresa". De la misma forma, los denominados gastos de gestión externa (las comisiones aplicadas a las pólizas) son "superiores a la media del sector asegurador de vida, lo que ha supuesto determinados sobrecoste de comisión y, en consecuencia, mayor coste de las pólizas de seguro contratadas".

Subvenciones sin objeto concreto

Una parte importante de las subvenciones otorgadas por la Consejería de Empleo de la Junta en el período investigado "carecen de objeto concreto y claramente definido", atienden a fines muy diversos, y en ocasiones estas ayudas se concentran en "empresas pertenecientes a un mismo grupo, o en entidades vinculadas en razón de sus propietarios o administradores".

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