En general, los ex delegados de Empleo de la Junta se han tomado muy mal tener que pasar por la comisión que investiga el presunto fraude en los cursos de formación. Pero ayer, el antiguo máximo responsable de esta área en Sevilla Antonio Rivas cruzó una línea que nadie se había atrevido atravesar. Llegó a la comisión y, entre otras acusaciones, recriminó a los diputados que sólo buscaban hacerle un "juicio paralelo, de una agresividad y falta de respeto, que no sólo se aleja del procedimiento penal, sino que se acerca a los más duros y crueles juicios persecutorios de tan nefastos recuerdos". Luego, se levantó y se fue.

El presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), le advirtió reiteradamente que su obligación como compareciente era estar presente mientras los diputados formulaban las preguntas de las que iba a constar su interrogatorio. También le avisó de que podía, como han hecho anteriores comparecientes, no responder a las cuestiones, pero que marcharse no era una opción. Rivas le demostró que sí era una alternativa. Insistió en que la Cámara no está "en disposición de exigirle responsabilidad de ninguna índole" y abandonó la sala, dejando a los parlamentarios quejándose de su actitud. Antes, el ex delegado había justificado su decisión en que ya había sufrido un comportamiento "irrespetuoso" por parte del Parlamento por no haber retirado de sus actas ciertas "barbaridades" dichas sobre su persona, pese a presentar una reclamación por escrito en ese sentido. Rivas aseguró que nunca obtuvo respuesta a su petición y que eso era motivo más que suficiente para no contribuir "a facilitar esta estrategia de escarnio público a la que se me quiere someter". 

Rivas, al igual que el resto de ex delegados provinciales de Empleo que han comparecido durante los últimos días, fue detenido en marzo de 2015 por la Guardia Civil y está siendo investigado en relación al presunto fraude en las subvenciones a la formación otorgadas por el Gobierno andaluz.

Todos los partidos censuraron el comportamiento de Rivas. Incluido el PSOE, que ha sido hasta el momento el más comprensivo con los comparecientes que han decidido acogerse a su derecho a no declarar o cuyas intervenciones han estado dirigidas a desmerecer la labor de los comisionados. 

La decisión de Rivas no sólo ha recibido críticas sino que, además, será llevada ante la Fiscalía. Los diputados tienen miedo de que su ejemplo cunda entre el resto de comparecientes, cuyo nivel de irritación con la comisión está siendo directamente proporcional a la responsabilidad que ocupaban en el organigrama de la Junta. "Propongo poner en conocimiento de la Mesa del Parlamento el hecho del abandono, no cumpliendo el deber de comparecencia y habiéndose realizado los apercibimientos legales oportunos, así como su traslado al Ministerio Fiscal", anunció el presidente de los comisionados. La portavoz de IU, Elena Cortés, resumió la sensación del resto de compañeros al afirmar que Rivas "ha reventado la comisión y ha dejado al Parlamento a los pies de los caballos". 

Un secretario general dice que se limitaba "a firmar" lo que le daban

El secretario general de Empleo de Huelva, José Martínez Iglesias, explicó que su tarea se limitaba a proceder a la plasmación de la firma en actos o resoluciones "por delegación" de sus superiores. "Nunca he adoptado ninguna decisión, ni aportado ni siquiera una opinión, desconocía sus mecanismos y las normativas reguladoras porque no pertenecía a la estructura orgánica propia del SAE", apuntó. El compareciente, que fue el primer funcionario que no respondió a todas las preguntas de la comisión por consejo de su abogada, destacó que la delegación de firma tenía como "finalidad en exclusiva liberar al superior de la tarea de rubricar numerosos documentos", pero no asumir su responsabilidad, principalmente en el caso del delegado provincial del área. El PSOE defendió que la comisión había cometido un "error de interpretación" al citar al secretario general de Empleo, ya que éste no tiene competencias en esta materia.