La imagen pública de Marbella con un alcalde arrastrando de la mano por las calles y en actos oficiales a la tonadillera Isabel Pantoja abochornó a los concejales hasta el punto de conseguir que rivales hasta entonces irreconciliables se confabularan en una moción de censura para desbancar de la alcaldía a Julián Muñoz. Esta es la explicación que Juan Antonio Roca dio ayer en el juicio por el caso Malaya para rechazar cualquier sospecha de que hubiera habido dinero detrás de aquella operación política que en agosto de 2003 embarcó juntos a ediles del GIL, del PSOE y del PA.

"La moción de censura fue libre y espontánea", subrayó el ex asesor de urbanismo de Marbella. Y fue "espontánea" por la imagen "ante la opinión pública" de Muñoz en aquella "aventura extraconyugal" y su "nueva postura de política de hechos y nueva forma de mostrarse ante España".

El Ayuntamiento de Marbella, que ejerce la acusación particular en el caso Malaya, trataba de hacer ver ayer en el juicio que si hubo pagos por mantener la unidad del equipo de gobierno, según ha declarado Roca, por qué no los iba a haber también en aquella estrategia para derribar a Muñoz.

El principal procesado en la causa no sólo negó esta afirmación, sino que incidió en que si hubiera querido "quitar algo", destruir algún documento que hubiera podido ser utilizado como prueba en su contra, "hubiera quitado los archivos de Maras y no estaríamos aquí sentados". Aunque implícitamente de esta forma también le dio ayer fuerza y credibilidad a los archivos de Maras, la contabilidad secreta que la Policía le intervino en sus oficinas de Maras Asesores.

El letrado Alberto Peláez, que representa a Marbella, Malaya también le pidió explicaciones sobre las "casualidades" que hicieron que los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, dos de los promotores más próximos a Roca, siempre tuvieran en su poder precisamente aquello que más necesitaba el Ayuntamiento: un suelo para ubicar el vertedero, locales para ampliar la sede de las oficinas municipales de urbanismo, interés en el hotel Pueblo Andaluz o justo los locales más adecuados para permutar por unos aprovechamientos urbanísticos en Guadaíza.

Roca, que respondió enfurruñado al abogado de la acusación particular, recalcó que en el caso Malaya lo que "debe preocupar a la sala" y lo que "se debe explicar es si alguna operación es delictiva", "no las coincidencias" que pudiera haber habido en aquellos años entre los intereses municipales y los de sus diferentes socios en los negocios inmobiliarios que él, aún siendo asesor de urbanismo, tenía en el municipio.