Las sillas de la residencia geriátrica de Marbella se tapizaban sin pedir permiso a Juan Antonio Roca. En estos términos trató ayer de relativizar su peso y poder en el Ayuntamiento el ex asesor de urbanismo y principal implicado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca. Su defensa arrancó el interrogatorio a su patrocinado tratando de acotar la autoridad que la Fiscalía Anticorrupción le atribuye hasta el punto de sostener que Roca era el alcalde de hecho con poder omnímodo en todas las áreas. Por eso le preguntó si él influyó para que renovara la tapicería de las sillas de geriatría del área de servicios sociales. Roca respondió sin pestañear que ni siquiera conocía a la concejal competente. También le interrogó sobre la compra de unos mocasines, pero el presidente del tribunal, el magistrado José Godino, le paró los pies reclamándole que se centrara "en temas serios".

La abogada Rocío Amigo recondujo su interrogatorio hacia el área de Urbanismo: qué ocurría desde que un promotor acudía a las oficinas municipales para interesarse por un suelo hasta que después de decenas de trámites burocráticos obtenía una licencia para edificar. La defensa hizo ver que éste era un recorrido prolijo en el que participaban con diferentes grados de competencia múltiples técnicos de modo que, "difícilmente" podía tener Roca la última palabra.

Amigo destacó dos figuras importantes en las tramitaciones urbanísticas: Jorge González y Raquel Escobar. El primero porque era su negociado el que emitía los informes jurídicos sobre las licencias y la segunda porque se ocupaba de comprobar si los expedientes estaban completos antes de que pasaran a formar parte del orden del día de la comisión de gobierno. González originó el caso Malaya al contar al juez Torres en otro procedimiento que Roca dominaba al Ayuntamiento y a los concejales del equipo de gobierno que presidía Marisol Yagüe.

En definitiva, la tramitación urbanística seguía un camino propio y preestablecido hasta que llegaba a la comisión de gobierno donde los concejales votaban en función de los informes técnicos. Según Roca, "no tenían margen" para separarse de los informes técnicos "so pena de incurrir en una prevaricación de libro".