La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, reclamó ayer al Gobierno central que pague por el servicio de teleasistencia incluido en la Ley de Dependencia, por el que debe ya a la Junta "18 millones de euros, dos millones más cada mes que pasa". Según una nota de la Administración autonómicoa, "lo más alarmante" es que el Ejecutivo central sí reconoce a nivel estadístico a las 28.000 personas beneficiarias en Andalucía, pero no abona el dinero correspondiente por las prestaciones.

Desde el departamento que dirige Sánchez Rubio se ensalza la apuesta por estos dispositivos, que permiten la detección de situaciones de riesgo, como detectores de gas, humo o caídas. La previsión es instalas 50.000 aparatos en los próximos tres años.

La consejera avanzó que está trabajando en una teleasistencia adaptada para personas o colectivos con determinadas necesidades funcionales que le impidan el acceso al modelo convencional, mediante el uso de dispositivos inteligentes específicos y una aplicación móvil de teleasistencia. La versión avanzada también contempla que la persona usuaria precise apoyos tecnológicos complementarios dentro o fuera del domicilio, o en ambos casos, así como la interconexión con los servicios de información y profesionales de referencia.

A lo largo de los ocho primeros meses de 2017 se han dado de alta en el SAT un total de 22.572 nuevas personas usuarias y en la actualidad cuenta con más de 208.000 personas titulares.