Santiago de la Espada está a 200 kilómetros de la ciudad de Jaén, capital de la provincia; se tarda unas tres horas en llegar en coche debido a que el pueblo se esconde detrás de la sierra de Segura, y sus 1.492 vecinos viven dispersos entre 34 núcleos de población. El coste de prestar los servicios en este pueblo quintuplica a los de una ciudad, y sin embargo, todos los días se recoge la basura, corre el agua potabilizada y, de vez en cuando, hay eventos culturales.

Santiago de la Espada es uno de los pueblos que en más de una ocasión ha citado la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para defender la existencia de las diputaciones, ahora que han sido cuestionadas por Ciudadanos y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Los servicios públicos de Santiago de la Espada los cubre la Diputación de Jaén, porque el municipio no tiene presupuesto suficiente para un arquitecto propio, un servicio legal en condiciones o para el gasto que, en efecto, cubre la recogida de los residuos. En Almería hay 52 municipios de menos de 1.000 habitantes, en Granada, hasta 165 pueblos de menos de 20.000 habitantes, en todos ellos dan el servicio las diputaciones provinciales.

La existencia de estos pequeños municipios, pero también la ineficiencia de otras administraciones para cubrir todo el territorio, son los principales argumentos esgrimidos por los presidentes de las diputaciones andaluzas para defender sus instituciones. Después de conversar con ellos durante cerca de dos horas el jueves pasado en Antequera, centro geográfico de Andalucía, queda claro que la función existe, una gran parte de la población andaluza vive en estos pueblos donde el ayuntamiento y la Junta siguen necesitando a las diputaciones. La pregunta que surge es si otras administraciones podrían satisfacer la función o si las diputaciones, consejos de alcaldes o como quiera que se llame el instrumento, pueden ser más sencillas. La respuesta a la segunda es que sí; las diputaciones, por ejemplo, podrían estar formadas sólo por los municipios de menos de 20.000 habitantes, siempre que tuviesen unas competencias bien delimitadas e, incluso, su presidente podría ser elegido directamente en las urnas siempre que, en efecto, sólo los votasen los vecinos de esas poblaciones, porque una de las paradojas de estas instituciones es el tremendo peso que las ciudades tienen en sus plenos. La respuesta a la primera pregunta -¿puede absorber una dirección general todas las funciones de las diputaciones?- es que no, que es necesario una administración descentralizada, pegada al territorio, que se solape con los municipios.

"Podemos hablar, discutir, pero esto no puede ser fruto de un calentón de una noche de verano". Quien así habla es Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén, uno de los pesos pesados políticos de su provincia y, probablemente, uno de los dirigentes emergentes de lo que se puede llamar susanismo. Crítico con Griñán, fue a él al primero a quien acudió Susana Díaz cuando sondeó a los líderes provinciales para comprobar qué apoyos tendría si se convertía en secretaria general del PSOE en Andalucía. A Reyes, como al de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, no le cuesta trabajo criticar a Pedro Sánchez por el acuerdo al que llegó con Ciudadanos, incluso con Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, al lado. Como Reyes, Bendodo es otro emergente, pero del PP de Juanma Moreno. Ciertamente, el debate sobre las diputaciones, como el del resto de las administraciones del Estado, necesitaría de un debate más calmado, porque lo que también es cierto es que el argumento de ahorro económico tampoco se sostiene.

Las diputaciones tienen un presupuesto de 6.000 millones de euros, de los cuales 2.000 millones se transfieren a los municipios; 1.800 se dedican a inversiones, y 2.000 millones a gastos de personal, pero ningún partido ha propuesto que los funcionarios dejen de cobrar si se extingue la institución. El personal eventual y político de las diputaciones no es tan alto como se piensa: 29, por ejemplo, en Córdoba, entre cargos electorales y trabajadores de designación. Su problema en este sentido tiene mucho de histórico, en las diputaciones es posible seguir el vaivén de la política de cada provincia en el último siglo a través de los apellidos de muchos de sus trabajadores.

Pero como apunta el presidente de Córdoba, Antonio Ruiz, el asunto sustancial, clave, no son las diputaciones, sino las pequeñas poblaciones. Es decir, ¿es posible, tal como plantea Ciudadanos, una fusión general de municipios para no dejar ayuntamientos tan pequeños? Pongamos, por caso, de menos de 5.000. O ya puestos, de 20.000. Algunos países lo han hecho, o han hecho algo parecido, al fusionar unidades de gasto, de tal modo que no se perdería el ayuntamiento, o el municipio, sino que se centralizarían los presupuestos. Pero si de algo saben estos presidentes es de la otra Andalucía, incluso de otra España, ésa que vive alejada de los grandes centros de poder político y económico, donde el arraigo al pueblo es casi tan fuerte como a la comunidad autónoma. O más. En efecto, esto es el tipo de localismo que siempre criticó la progresía española desde los tiempos de la Ilustración, y razón no le faltaba, aunque también conocemos los excesos del jacobinismo centralista.

Pero con independencia de los efectos del acuerdo para un Gobierno no posible, que fue el que firmaron el PSOE y Ciudadanos, los defensores de las diputaciones asumen que el debate va a seguir existiendo, que hay una corriente muy fuerte en la opinión pública que entiende que en España hay una "inflación" de instituciones políticas.