PSOE y PP prosiguen haciendo una lectura bien distinta del dictamen de la Mesa Antitransfuguismo, que el pasado lunes declaró tránsfugas a los alcaldes de El Puerto, Enrique Moresco (PP); Chiclana, Ernesto Marín (PP), y de Castril, Juan José López Ródenas (PSOE). Si los socialistas se apresuraron ayer a exigir a su adversario la expulsión de los primeros ediles de las localidades gaditanas, no le fue a la zaga el PP, al pedir lo propio a los socialistas en el caso del alcalde granadino.

El PP fue más allá y su secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, arremetió contra la Mesa Antitransfuguismo al tacharla de "burla a la democracia", pues aplica unos parámetros que "se modifican, según sean los alcaldes del PSOE o del PP". Sanz negó que en los casos de El Puerto y Chiclana haya transfuguismo, "porque si no habría que declarar otros cuarenta casos en Andalucía", y citó como ejemplos las localidades de Mengíbar, La Algaba, Valenzuela y Algar.

Precisamente, Chiclana vive un momento delicado, toda vez que la gobernabilidad del municipio está en las manos del PSA, que convocará una asamblea urgente para dilucidar si su concejal, María Ángeles Polanco, continúa en el gobierno cuatripartito junto a PP, PA e IU, en total 12 ediles. La oposición está compuesta por el PSOE(11) más la concejal no adscrita Nadine Fernández: también doce votos. Polanco admite que "se están cumpliendo muy pocas cosas del pacto, pero no se me pasa por la cabeza apoyar una moción de censura de los socialistas contra el alcalde". Éste, Ernesto Marín, calificó ayer como "enésimo intento de jaque mate" del PSOE el dictamen de la Mesa Antitransfuguismo.

El contraataque popular tiene como escenario la localidad granadina de Castril, donde el diputado provincial José Torrente exigió ayer la dimisión "inmediata" del alcalde, José Juan López Ródenas (PSOE), después de ser declarado tránsfuga. "Por vergüenza, ética y dignidad no puede seguir ni un minuto más como máximo representante del Ayuntamiento de Castril", dijo Torrente.