La Justicia no es eficaz, no trata por igual a todas las personas y no actúa con independencia del poder político. A grandes rasgos, éstas son las conclusiones de la encuesta del Centro de Estudios Andaluces sobre el valor de la Justicia, un informe cuyos resultados califican de "preocupante" los tres grupos parlamentarios representados en la cámara andaluza.

Aparte de esta coincidencia, la única similitud que se encuentra en el discurso de los portavoces de la Comisión de Justicia de PSOE, PP e IU en la cámara andaluza es que "una Justicia que es lenta no puede ser justa", en palabras del popular Juan Ramón Ferreira. Procurador de formación y ejercicio -es el único diputado de la cámara que sigue ejerciendo su profesión aparte de su labor en el edificio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, "por la que no cobro", sostiene-, Ferreira considera que la "justicia da una respuesta de muy baja calidad por la lentitud". Lo ilustra con ejemplos: "Si un recurso en unas oposiciones o para la apertura de una licencia de farmacia se resuelve a los siete u ocho años, aunque venga a dar la razón, para entonces ya dará casi igual, porque no se ha recibido la respuesta que se quería obtener, para bien o para mal, en un plazo útil; el usuario de la Justicia habrá tenido que buscar alternativas".

La falta de adaptación a las nuevas tecnologías es, valora el diputado popular, "la principal lacra" que arrastra un sistema "con una mecánica y una parsimonia inviables". La lentitud "lastra" la opinión que se tiene del conjunto del sistema judicial. Para Ferreira, la agilidad de los trámites depende de asuntos cotidianos que son "competencias de la Junta de Andalucía", que es la que provee de medios humanos y materiales los juzgados. "Si cuatro juzgados comparten una fotocopiadora, si las conexiones telemáticas son pobres, si las infraestructuras están obsoletas..." son condicionantes que vienen a sumarse al peso burocrático de la Justicia, imbricado ya de por sí, opina el parlamentario de Granada que cree que el consejero De Llera debe "dejar de echar balones fuera, de hablar de lo que pasa en Madrid y asumir su responsabilidad".

Antonia Moro, portavoz del PSOE en la comisión, apunta que la "dotación de jueces y fiscales" está muy por debajo de la media europea. Pero más allá de los medios técnicos la socialista onubense cree que "instrucciones tan largas como las que estamos viendo", en referencia a la investigación que el juzgado de Mercedes Alaya realiza sobre los ERE, vienen a alimentar esa percepción de Justicia ineficaz que tiene el 80% de los andaluces.

Pero una instrucción larga no significa que los magistrados no sean independientes. "Los jueces cumplen su responsabilidad en un porcentaje altísimo". Una idea que también defiende Ferreira. El popular está "convencido" de que los fallos judiciales "son independientes no sólo del poder político, sino del económico y el social" y se dictan "con todas las garantías", otra cosa, dice, es "que la norma, la ley, nos guste o no".

Estos datos se leen, como cabe esperar, desde el punto de vista político. Para Moro - "alguien que defiende y valora lo público"- esta encuesta pone de manifiesto la "necesidad" de "reformar ampliamente las estructuras" que, a su juicio, no son las que está llevando a cabo el Partido Popular. "Lejos de emprender reformas encaminadas a que la justicia actúe con mayor celeridad", "el PP impide o pone barreras" al acceso universal del ciudadano y, matiza, "no se trata sólo de la ley de tasas", impulsada por el ministro Gallardón y fuertemente contestada en la calle, "sino de la reforma de las demarcaciones con la eliminación de los actuales partidos judiciales". Este tipo de reformas viene a subrayar, dice Moro, "la fobia de la derecha a todo lo público".

Precisamente, sobre el pago de tasas para evitar un uso excesivo de la justicia, al que se muestran contrarios en la encuesta más del 70%, Ferreira cree -en un ejercicio de autocrítica- que, desde el Gobierno y el Ministerio de Justicia, "no se ha explicado bien", porque "se puede discutir la cuantía y quiénes deben quedar exentos de este pago" pero es un concepto que funciona en Europa.

La lectura que hace Alba Doblas, abogada de formación y destacada líder del Partido Comunista en Andalucía, está encaminada a pensar no ya sólo en los datos sino en el modelo de Justicia que se entiende hoy día. El resultado "rotundo" de la encuesta sería, a su juicio, "un calco" de "la opinión que IU tiene de la Justicia". Porque, asegura, "efectivamente, la Justicia no es igual para todos. No se puede pedir justicia en un sistema injusto, perverso y dominado por las estructuras de poder". Para darle la vuelta como un calcetín a esta percepción, el primer paso es, según Doblas, "que la Justicia se ponga al servicio del pueblo y que le muevan unos intereses de celeridad y eficacia, de servicio al pueblo".

No le extraña a Doblas tampoco que los jueces salgan peor valorados que médicos o maestros -reciben una puntuación de 5,5 frente al notable de otros trabajadores públicos- porque "ellos están al servicio de todo el sistema", como refleja fallos judiciales a favor de la ejecución de los desahucios.