Hace unos días me llamó una compañera periodista de Sevilla para comentar la polémica que se ha generado en Málaga con el ruido en los colegios por los entrenamientos de los niños cuando juegan al baloncesto. Fue el día que los tres diarios locales de esta provincia coincidían en abrir sus portadas con la decisión de los clubes de suspender el próximo día 16 unos 300 partidos y convocar una manifestación, después de que el Ayuntamiento de Málaga hubiese multado a dos centros escolares con 12.001 euros por exceder los límites de ruido mientras los niños practicaban este deporte. Le iba a explicar la polémica y me espetó: "No, si el tema lo he entendido bien, el problema es que me cuesta trabajo creerlo". Tenía razón, cuesta trabajo creerlo.

Me dijo que iba a realizar un reportaje, le di varios contactos y a los pocos días me volvió a llamar para plantearme varias dudas que tenía. También era normal que tuviera dudas, ya que después de recoger testimonios de directores de colegios afectados y de entrenadores de baloncesto de base seguía constándole trabajo creerlo. En mitad de la conversación, me relató que el responsable de uno de los clubes le había contado un hecho del que había sido protagonista. Se jugaba un partido de minibásket con dos equipos de niños, de entre 5 años y 6 años, y se presentaron en las instalaciones unos agentes de la Policía Local de Málaga para levantar un acta con una medición de ruido.

Es un ejemplo de libro de la maraña legislativa en la que hemos convertido las competencias

No tengo mejor forma de explicar el disparate que se ha generado en Málaga con el ruido de los niños cuando juegan en unas instalaciones escolares que la de imaginar a unos agentes de la Policía Local sacando unos equipos para poder medir el nivel de felicidad de un niño de cinco años metiendo la pelota en una canasta. No sé cuándo llegamos a este punto, el de legislar desde el sinsentido común, pero algo en el sistema falla cuando las administraciones públicas hacen del disfrute de unos críos jugando al baloncesto un problema de decibelios en una ordenanza municipal.

Podría contarles que el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía llevan seis meses intentado firmar un convenio para resolver este problema. Un acuerdo que permitiría entrenar en los centros escolares más allá de las 20:00, que es el horario límite que establece la actualidad normativa. Y ante el que se han mostrado incapaces, tirándose las competencias de cada uno en el tejado del otro. No lo voy a hacer, ya que les estaría haciendo el juego a ellos. La polémica del ruido es un asunto aún mayor. Se trata de un ejemplo de libro de la maraña legislativa en la que hemos convertido las competencias sobre cualquier asunto, con leyes estatales, autonómicas y municipales que se solapan o se contradicen hasta formar un tótum revolutum, muchas veces, de imposible cumplimiento. Cuando no, absurdas en su aplicación.

Y cómo, después, estos sinsentidos legislativos inician su trámite burocrático a través de expedientes de inspecciones, multas y sanciones sin que nadie tenga la capacidad de parar el ridículo de prohibir toda actividad deportiva en un colegio público a partir de las ocho de la tarde tras una sanción de 12.001 un euros, con amenaza incluida de enviar inspectores cada cierto tiempo a verificar que no se está prácticamente deporte alguno fuera del horario establecido. Esta situación, lejos de provocar sonrojo, mantiene su periplo administrativo con un alcalde pidiéndole a la Junta que busque como poner un recurso para que le puedan quitar la sanción, sin cuestionarse si lo lógico no sería cambiar la legislación que ampara esta ineficaz normativa.

En esta polémica se está obviando otro asunto vital, que afecta también a ambas administraciones. Los niños entrenan en los colegios porque la ciudad no dispone de las instalaciones específicas y suficientes para practicar el deporte que les gusta. Y no las tienen porque ni el Ayuntamiento de Málaga ni la Junta de Andalucía las hacen. Es así de sencillo, por lo que además de anunciar un convenio, lo productivo sería que presupuestaran equipamientos deportivos condicionados acústicamente. En Málaga, con más de 10.000 niños federados y otros tantos que no lo están, hay una indudable afición por este deporte y resulta un bochorno visionar el vídeo realizado por unos críos de uno de los colegios afectados resumiendo el conflicto en cinco palabras: "Solo queremos jugar al baloncesto".

Málaga se ha ganado un merecido reconocimiento de ciudad muy agradable para vivir, con una oferta cultural excepcional y unos niveles de modernidad más que apreciables. Lo decimos los malagueños, lo dicen las encuestas de satisfacción de los turistas que nos visitan y lo proclaman los rankings de muchos medios de comunicación nacionales e internaciones. Sin embargo, no hay mejor termómetro para medir la calidad de vida en una ciudad que la opinión de los niños que viven y disfrutan en ella. Quizás, por eso, le resultaba tan difícil de creer -a mi compañera periodista de Sevilla o a cualquiera- que, en Málaga, jugar al baloncesto en el patio de un colegio, a una hora tan poco intempestiva como las ocho de la tarde, está prohibido por la legislación vigente en materia medioambiental.