El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Tribunal Supremo, ha admitido a trámite el conflicto de competencias planteado a cuenta de las actas del Consejo de Gobierno andaluz durante los últimos diez años solicitadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE). El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción -integrado por el presidente del TS, Carlos Dívar, y por los magistrados Octavio Juan Herrero y José Manuel Bandrés- ha comunicado al Ministerio Fiscal y a la Junta que tienen un plazo de diez días para que formulen sus alegaciones.

En su auto del pasado 6 de julio, la juez Alaya mantiene su competencia "e insiste en requerir a la Junta el cumplimiento de la prueba ordenada", como es la entrega de las actas de todos los consejos de gobierno celebrados desde el año 2001.

Ayala subraya que "lo que se pretende averiguar a través de las actas es si (...) puede desprenderse alguna actuación delictiva por parte de autoridad o funcionario público", y señala que "es claro que, de no aportarse las actas solicitadas, se impediría en la fase sumarial la investigación de si tales hechos delictivos, de extraordinaria gravedad por su contenido y por su permanencia en el tiempo, existieron".