A pesar de que el fin de semana PSOE e IU han intentado olvidar la crisis de Gobierno tras el conflicto por el realojo de los ocupas de la Corrala Utopía, el fantasma de unas elecciones anticipadas seguirá en el aire de la política andaluza. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE), confirmó que no descartó convocar elecciones anticipadas por la crisis producida con IU, sus socios de Gobierno, tras el realojo de las familias de la corrala Utopía, de la que aseguró que ella no sale más fuerte ni su Ejecutivo más débil.

En una entrevista en la Ser, Díaz señaló que no hubiera descartado las elecciones anticipadas "si no se llega a restablecer la legalidad y las decisiones justas" respecto al realojo, motivo por el que publicó un decreto que retiró a IU durante 24 horas las competencias en vivienda pública. Gracias a ese decreto, aseguró Díaz, se pudo acelerar el proceso para comprobar que de las 22 familias desalojadas de la corrala sólo ocho cumplían los requisitos para acceder a una vivienda social, lo que ahora deberán confirmar los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla.

Díaz retiró y devolvió a la Consejería que dirige Elena Cortés los artículos 12.5 (sobre realojos) y 13 (sobre adjudicación) del decreto ley que regula los registros. El artículo 12.5 señala que "no será exigible el principio de concurrencia en relación con los programas en los que se favorezca la integración social de los destinatarios, alojamientos de temporeros y en los realojos transitorios en viviendas protegidas derivados de actuaciones en materia de rehabilitación o motivadas por otras circunstancias excepcionales, al no poder existir concurrencia conforme a la naturaleza de los citados programas".

Es decir, en realojos se deben dar circunstancias excepcionales y Fomento decidió, en el ámbito de su competencia, que si la había con las familias de la Corrala (aunque sea discutible). Fomento aludió al auto judicial del desahucios que permitía medidas excepcionales si había menores o riesgo de exclusión social.

El artículo 13.1 exime de las listas de espera  "la adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del Ayuntamiento", pero esto se refiere a las adjudicaciones.

El Ayuntamiento de Sevilla volvió a confundir ayer el realojo urgente con las adjudicaciones y cifró en 388 los vecinos inscritos en el registro de los 12.000 que reúnen todos los requisitos exigidos por los servicios sociales para evaluar los distintos grados de exclusión social. Éstos son los que deben tener prioridad en una adjudicación según el artículo 13.1.

Más allá de la discusión técnica el debate volvió a centrarse en las consecuencias políticas. "Si las encuestas le dan bien, presidenta, ¿por qué no tira?",  dijo Díaz que le preguntaban en los medios de comunicación respecto a convocar elecciones anticipadas, a lo que respondió que no lo hacía porque tiene "un millón de parados" y para lo que estuvo trabajando en plena crisis con IU con la apertura de la mina en Riotinto y con un plan de 200 millones contra el paro juvenil.