El TSJA acuerda la apertura de juicio contra el juez De Urquía y Roca

  • El fiscal imputa al magistrado tres delitos y dos al presunto cerebro de la operación Malaya por un posible intercambio de favores · El Alto Tribunal impone las fianzas de 284.000 y 236.000 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la apertura de juicio oral contra el juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, y el ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, además de un amigo común que presuntamente los puso en contacto, Arnaud Fabrice.

El Alto Tribunal emite este auto un día después de que el Ministerio Fiscal formalizara su escrito de acusación, en el que imputaba al magistrado los delitos de prevaricación judicial, negociación prohibida a funcionario público y cohecho, mientras que a Roca y a Fabrice les atribuía la posible comisión de los dos últimos delitos.

La Fiscalía entiende que el juez pudo prestarle un trato de favor a Roca en una causa que instruía en su juzgado porque, a cambio, el ex asesor de urbanismo de Marbella le habría hecho algunas gestiones para mejorar las condiciones de compra de una vivienda.

El TSJA requiere a los acusados que depositen una fianza, que en el caso de De Urquía asciende a los 284.000 euros, y en el de los otros dos acusados, de 236.000. El pago sería para "hacer frente a las responsabilidades pecuniarias y costas a que en su día pudiera condenárseles", expone.

El auto judicial impone a los tres acusados un plazo de diez días para aportar el dinero de la fianza y, advierte que, de lo contrario, "se les embargarán bienes suficientes para cubrir su cuantía".

El Alto Tribunal defiende en sus razonamientos jurídicos que es la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, como Sala de lo Penal, la competente para el conocimiento y fallo de la causa, al considerar que los hechos se imputan "a quien los realizó en su calidad de magistrado juez, con ocasión del ejercicio de su cargo judicial, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza".

La investigación se inició cuando Miguel Ángel Torres, el juez que antecedió a Óscar Pérez en la instrucción del caso Malaya, remitió un informe policial y otro del fiscal en los que se apuntaban posibles pagos de Juan Antonio Roca a Francisco Javier de Urquía.

Los hechos se remontan a marzo de 2006, apenas unos días antes de que estallara la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y detuvieran al que se convirtió en el presunto cerebro de toda la trama, Juan Antonio Roca.

En el registro de su oficina apareció el contrato de compra de la casa del magistrado, según se desprende del escrito de acusación del fiscal. El documento recoge también cómo el magistrado dio instrucciones a Juan Antonio Roca de cómo debía interponer una denuncia para lograr su objetivo.

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