Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se oponen al decreto aprobado por la Junta en Andalucía en 2011 para impulsar la actividad económica y agilizar los procedimientos administrativos en los parques naturales.

La Administración autonómica ha interpuesto un recurso contra uno de ellos, el que estimó en septiembre la denuncia de la organización ornitológica SEO Birdlife y que declaró la nulidad de este decreto "por entender dicha disposición no ajustada a Derecho". La Junta de Andalucía sigue aprobando usos turísticos en algunos parques naturales merced a este decreto, hasta que no haya una sentencia definitiva.

La segunda sentencia del TSJA, que le ha sido notificada a la interesada hace unos días, atiende la denuncia de Ecologistas en Acción. Esta sentencia no hace alusión a que el decreto ya había sido anulado en su totalidad por la misma sala -la Sección Tercera de la Sala de lo Contenciosa Administrativo del TSJA-, y estima sólo parcialmente el recurso de Ecologistas en Acción, anulando la facultad del consejero para modificar los límites de los parques naturales. No obstante, la sentencia incorpora un voto particular del presidente de esta sala, Victoriano Valpuesta, que argumenta que la demanda debió ser admitida en su totalidad.

Los servicios jurídicos de la Junta estudiaban ayer esta nueva denuncia para ver si procede un recurso de casación, aseguraron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

En la última redacción del texto en 2011 (después de más de dos años y cuatro borradores distintos) la Junta introdujo una disposición final número 14 que faculta al consejero "para adecuar las previsiones urbanísticas relativas a parámetros de edificación y caracterísiticas constructivas, contenidas en las normas generales de los PORN y los PRUG de los distintos parques naturales, a las modificaciones de la planificación urbanística".

El TSJA anula en su fallo esta disposición, de la que ya advirtieron en su día las organizaciones ecologistas y el Defensor del Pueblo andaluz en su informe anual.

Este decreto nació envuelto en la polémica. En la redacción final del decreto se dio potestad al consejero para modificar los límites de los parques naturales, pero fue la intervención de los servicios jurídicos de la Junta la que impidió que el decreto ley estableciera la prevalencia de los PGOU a los planes de ordenación de los parques naturales con el argumento de incentivar la actividad económica.

La idea de devolver a los alcaldes la decisión de los usos sobre los parques naturales motivó una de las resoluciones más duras del Defensor del Pueblo andaluz, que consideró "inapropiado" el decreto si las normas urbanísticas de cada municipios prevalecían sobre los planes de los parques naturales, al contrario de lo que dicta la normativa básica estatal.

Finalmente la Consejería de Medio Ambiente que entonces dirigía el onubense José Juan Díaz Trillo (con el viceconsejero Juan Jesús Jiménez) corrigió el proyecto, pero introdujo esta cláusula por la que el titular de Medio Ambiente puede modificar estos límites.

Los ecologistas entienden que la crisis ha frenado la intención original de la Junta de activar usos urbanísticos en los parques naturales, pero aún así tienen constancia de la aprobación de proyectos de dudosas garantías en algunos de los 24 parques naturales andaluces.

Este texto que ha recibido los peros del TSJA fue aprobado por el Consejo de Gobierno en febrero de 2011 tras el aval del Consejo Consultivo. El entonces consejero Díaz Trillo aseguró que el decreto "no altera ni modifica las limitaciones urbanísticas", mientras los ecologistas señalaron que "se deja la puerta abierta a posibles desmanes".