El TSJA imputa al juez De Urquía por su actuación en el caso Hidalgo

  • El magistrado ya fue suspendido por su presunta relación con la trama Malaya

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha abierto diligencias previas y ha imputado al juez Francisco Javier de Urquía en relación al caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales procedentes de distintas actividades delictivas en la Costa del Sol, informaron ayer fuentes judiciales. Este procedimiento era instruido por él mismo en Marbella antes de ser suspendido de sus funciones por su presunta vinculación con el caso Malaya contra la corrupción.

Este nuevo proceso ha llevado además al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a acordar una nueva suspensión cautelar de funciones del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, algo que ya se produjo al ser investigado con Malaya, en julio del año pasado.

La nueva causa investiga las gestiones que, presuntamente, favorecieron a algunos de los imputados en el caso Hidalgo, que se destapó con una operación en la que se practicaron 23 detenciones, entre ellas las de varios letrados, y en la que se intervinieron 92 millones de euros depositados en 632 cuentas de 22 entidades bancarias.

Según avanzó ayer El País, el juez estaría imputado de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los delitos de cohecho y prevaricación, junto a su amigo Arnaud Fabrice Albouhair, acusado también en la causa desglosada del sumario de Malaya.

El alto tribunal investiga en este segundo proceso la instrucción llevada a cabo por De Urquía en el caso Hidalgo, además de la supuesta intervención de personas de su entorno en la operación. Este caso destapó hace menos de un año, en abril de 2007, una trama de blanqueo de capitales presuntamente dirigida por el despacho de abogados Cruz-Conde de Marbella.

El magistrado Miguel Pasquau y la investigación policial intentan esclarecer las gestiones en las que ambos, De Urquía y Fabrice, presuntamente, favorecieron a ciertos imputados del caso Hidalgo y si se produjeron supuestos pagos de dinero a personas del entorno del juez, añade el periódico.

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