Operaciones económicas de "dudosa regularidad", ventas de aprovechamientos a precios inferiores a los de mercado y presiones por parte de los concejales. Son declaraciones que los técnicos habilitados nacionales del Ayuntamiento de Estepona reconocieron ante la Policía Nacional durante su declaración como testigos a raíz del caso Astapa. El interventor en comisión de servicio, Miguel Ángel Gutiérrez, reconoció que "en ocasiones muy puntuales sí ha recibido presiones por parte del antiguo concejal de Hacienda, Manuel Reina, el jefe de gabinete, José Flores, y el propio alcalde" para dar el visto bueno a "operaciones de dudosa regularidad", a lo que añadió que se había negado a firmar operaciones de gasto propuestas por el ex alcalde, Antonio Barrientos, debido a su irregularidad. Así se desprende del tomo 16 del sumario del caso Astapa, de presunta corrupción municipal.

Preguntado por la Policía sobre si concejales como Francisco Zamorano o el propio alcalde habían aprovechado la ausencia temporal del interventor para que su sustituto firmara las operaciones que el habilitado se había negado a suscribir, Gutiérrez reconoció que había ocurrido varias veces, como por ejemplo cuando el interventor accidental, Juan José Farrés visó en su ausencia un expediente sobre la adjudicación directa de la venta del terreno conocido como Cortijo Casareño, así como la concesión de una indemnización por pérdidas al concesionario de la grúa municipal. El interventor, además, asegura a la Policía que en "infinidad de veces se han desarrollado obras, servicios o suministros sin la existencia previa de concurso de adjudicación", a lo que añade que recabó informes de precios de mercado tras realizarse la obra o servicio para levantar su informe de intervención, sin que esos informes se adjuntasen. Por su parte el tesorero municipal, Félix Domínguez, según se desprende del tomo 15 del sumario, señaló a Barrientos, Reina y Flores "como las personas que más presión ejercieron sobre él para que tomara una u otra decisión", a lo que añadió que "los convenios urbanísticos han sido consecuencia de la venta de aprovechamientos a precio inferior al de mercado". Del mismo modo, el tesorero declaró que las "adjudicaciones de parcelas municipales se realizaban al margen de cualquier concurso público". Sobre la valoración de los aprovechamientos, Barrientos declaró tras su detención que ésta venía determinada por el jefe de los servicios técnicos y que "el tema de los convenios lo llevaba el jefe de gabinete", José Flores, quién a su vez declaró ante el fiscal que no tenía "capacidad de decisión en la negociación" a pesar de que en el auto de prisión la jueza entiende que Flores era "el muñidor" de todos los asuntos que afectaban al Ayuntamiento y era quien gestionaba "la negociación de los convenios urbanísticos".

Por su parte el concejal del PES [Partido de Estepona], José Ignacio Crespo, declaró ante la jueza que los expedientes urbanísticos que iban a Pleno tenían que ir firmados por la gerente de Urbanismo, del PSOE, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado. Según Crespo, la labor del gerente del PES, Pedro López, "no era muy relevante". Esta semana se ha conocido la intervención policial de una cuenta en Andorra con 10 millones de euros a nombre de familiares de López imputados en la causa. José Flores reconoció ante la Policía que existía una desconfianza entre PSOE y PES, especialmente hacia Crespo y Pedro López, "aunque sí confiaban en Patricia Rojo". Flores dijo no saber nada sobre la infravaloración de terrenos y aseguró que la valoración se hacía por criterios técnicos. En el registro de viviendas y despachos de los implicados, la Policía encontró más de 800.000 euros.