La Inspección de Trabajo detectó el año pasado en la provincia de Málaga un fraude a la Seguridad Social de 32,76 millones de euros tras contabilizar un total de 2.358 infracciones, de las cuales la gran mayoría (1.388) correspondieron a aspectos relacionados con la afiliación y alta de trabajadores por cuenta ajena, es decir, no dar de alta a los empleados. No obstante, el dinero defraudado por esta circunstancia apenas ascendió a 4,4 millones de euros. El mayor fraude económico, cifrado en 16 millones de euros, se produjo por la derivación de responsabilidad. "Eso ocurre cuando, por ejemplo, una empresa ha desaparecido pero ha dejado una deuda con la Seguridad Social. Sus socios constituyen otra compañía y creen que no tienen que pagar ese importe, pero sí tienen que hacerlo. También ocurre con empresas que subcontratan o ceden servicios y no cotizan a la Seguridad Social", explica Mercedes Muñoz, la jefa de la Inspección en Málaga.

Esos 32,7 millones de euros son el fraude que Trabajo ha conseguido descubrir y tienen que abonarlo las empresas. No obstante, no sólo vale devolver el dinero defraudado sino que la Inspección multó a todos los infractores con 6,53 millones de euros el año pasado.

Otro de los aspectos clave en el balance del año de la Inspección está relacionado con lo que en este departamento llaman economía irregular, que diferencian de la sumergida porque la primera se produce entre empresas conocidas y la segunda entre firmas cuya existencia se desconoce. Los funcionarios realizaron en Málaga el año pasado 8.045 inspecciones que dieron lugar a 14.379 actuaciones -suele haber más de un acta por inspección- y se sumaron 1.747 infracciones que, entre el fraude y las multas, suponen un montante de casi cinco millones de euros.

La mayoría de penalizaciones fueron por fraudes en la contratación. Pero lo que genera más alarma social es que, una vez más, los inspectores se han encontrado a numerosas personas que estaban trabajando y recibiendo algún tipo de prestación a la vez. La Inspección puso el año pasado 517 multas por esta situación, pillando a 283 personas que estaban en un empleo y cobrando el paro y a 205 empresarios que cogieron personal aún a sabiendas de que esos ciudadanos estaban recibiendo una prestación por desempleo y que, por tanto, estaban cometiendo una irregularidad. La sanción se pone al empresario y no al trabajador, si bien a esos falsos parados se les retira el subsidio de desempleo y no pueden recibir ningún tipo de ayuda pública o curso de formación de Empleo durante un año.