La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha reclamado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, el auto de la Audiencia de Sevilla que recientemente declaró prescritos los delitos contra dos empresarios de la Sierra Norte de Sevilla imputados en el caso, al estimar que esta resolución "podría afectar a la conclusiones" de los atestados policiales que están elaborando.

En un oficio dirigido por la UCO al juzgado el pasado 15 de marzo, los investigadores recuerdan que en el curso de las diligencias previas de los ERE se están realizando atestados en los que se analizan las subvenciones que la Administración andaluza concedió a diferentes empresas y colectivos de trabajadores. La Guardia Civil explica que ha tenido conocimiento de una "sentencia" de la Audiencia de Sevilla de este mes de marzo que "podría afectar a las conclusiones que en los atestados policiales se están reflejando con objeto de las posibles responsabilidades que pudieran aflorar en varias personas físicas y más concretamente a la prescripción de algunos hechos supuestamente delictivos".

Es por ello que la UCO solicita la entrega de la resolución "a la mayor brevedad posible" y para la "correcta valoración de los hechos que a través de los mencionados atestados se están intentado esclarecer".

El pasado 9 de marzo, la Audiencia de Sevilla declaró prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte de Sevilla por un importe total de más de 450.000 euros. La decisión del tribunal obedece a que la Audiencia considera que han transcurrido más de diez años desde que ocurrieron los hechos y el momento en que se dictó el auto por el que se imputaban formalmente los delitos a estas personas.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estimó los recursos presentados por José Manuel Prieto Guerra, presidente de la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico, que fue imputado por la ayuda de 180.303,63 euros concedida en mayo de 2002; y por Luis García García, presidente de la cooperativa Virgen de Belén y secretario de organización del PSOE de Las Navas de la Concepción, por la ayuda de 270.455,44 euros concedida a dicha empresa. Tras este auto de la Audiencia, la juez María Núñez Bolaños acordó el archivo de la causa contra 12 imputados. Se trata de las primeras prescripciones de delitos que afectan a 12 de los más de 270 imputados en la macrocausa y a los que se concedieron en total 1,5 millones en ayudas, cantidad por la que Bolaños ha traído a la causa a las empresas beneficiarias como responsables civiles.

En el auto de archivo, María Núñez Bolaños señala que la petición realizada por el Ministerio Público debe ser estimada, "atendiendo a los razonamientos" expuestos por la Audiencia en el auto de 9 de marzo de 2016, puesto que, "al igual que en los supuestos analizados por la Audiencia Provincial, en el resto de los casos cuya prescripción solicita el Ministerio Público no existen otras resoluciones, previas a la del auto de 6 de febrero de 2015 que reúnan la condición de actos de interposición o de dirección Judicial contra persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito".

De otro lado, la juez María Núñez Bolaños ha citado a declarar el próximo 2 de junio a los interventores adjuntos del Interventor general de la Junta Luis Hinojosa y Teresa Arrieta, en calidad de testigos-peritos en esta macrocausa.

La declaración de ambos interventores fue solicitada por el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, investigado en el caso, quien considera que la declaración de ambos son "útiles y necesarias" para su defensa, por cuanto podrían declarar en relación con la "actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía en el ámbito de la función interventora", de un lado, y sobre la actuación de la Intervención el "ámbito del control financiero de las subvenciones".