El dueño de la aseguradora Uniter, una de las dos mediadoras del caso de los ERE, José González Mata, mantiene en un escrito de alegaciones enviada a la juez Mercedes Alaya que es cierto que acordó pagar 240.000 euros a CCOO y UGT, pero que se ha tratado de "pagos legítimos". Del mismo modo, González Mata niega que su empresa haya cobrado sobre comisiones, que éstas llegasen al 20%, ya que, en cualquier caso, se situaban en el 0,18%. El resto puede corresponder, por ejemplo, a los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores afectados por los ERE que, como en el caso de Delphi, se ha mantenida activa durante años. En un escrito dirigido al juzgado que investiga el caso de los ERE, el empresario comprende que esos pagos a los sindicatos "causen extrañeza", pero añade que son legítimos y "dimanantes de toda movilización sindical" por gastos adelantados por las centrales a sus militantes y no afiliados. González Mata, en contra del escrito de imputación de Alaya, indica que no ha hecho pagos a ninguna "trama corrupta", sino que a día de hoy su situación es "paupérrima" y los "continuos impagos" por parte de la Junta le han causado un "claro perjuicio".

La queja principal del empresario es que, lejos de enriquecerse en una trama, Uniter ha tenido que colocar dinero propio ante los retraso de los pagos de la Junta a las aseguradoras. Uniter recuerda, en su escrito, que las mediadoras sólo cobran las comisiones cuando la Junta lebera el dinero a las aseguradoras encargadas de las pólizas.

El dueño de Uniter tiene pendiente declarar como imputado ante la juez Mercedes Alaya en la nueva fase de investigación sobre los ERE falsos, mientras que su hijo José González Torrent quedó libre el pasado 22 de marzo tras confirmar ante Alaya su declaración policial de que era un mero comercial de la empresa de su padre. Según Uniter, la mediadora no ha obtenido ningún enriquecimiento ilícito sino que, por el contrario, "ha tenido que soportar, y de hecho lo sigue soportando, un claro perjuicio patrimonial derivado única y exclusivamente de los continuos, reiterados y definitivos impagos de la Junta respecto de una gran parte de las primas comprometidas".

Según su escrito, "dada la magnitud, reiteración y acumulación de los atrasos de los pagos por parte de la Junta, llegó un momento en que las aseguradoras no tuvieron más opción que advertir a los tomadores de la suspensión de los pagos de las prestaciones si no se solucionaba de forma definitiva la actuación incumplidora", lo que motivó que en 2012 se formalizara entre la Junta y Generali un acuerdo para resolver la financiación de las pólizas. Pero lejos de cumplirlo, y sin previo aviso, la Junta "decretó unilateralmente eliminar las legítimas comisiones devengadas", sin discernir las que eran indebidas o ilegítimas. Este decreto se aprobó en abril de 2012, y eliminaba las comisiones.