Juicio de los ERE

Varias defensas piden al tribunal la suspensión de la vista oral hasta disponer de las pruebas aceptadas

  • Muestran su protesta por la admisión e incluso advierten de la posibilidad de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional

Los letrados de la defensa, durante la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE. Los letrados de la defensa, durante la segunda jornada del juicio  de la pieza política de los ERE.

Los letrados de la defensa, durante la segunda jornada del juicio de la pieza política de los ERE. / EFE

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Varias defensas de los ex altos cargos procesados por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE han pedido a la Audiencia de Sevilla que suspenda el juicio, cuya reanudación está prevista para el próximo 12 de febrero, hasta que no dispongan y puedan analizar la "profusa prueba documental" que el tribunal ha admitido a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones del Partido Popular y Manos Limpias.Varias defensas de los ex altos cargos procesados por el denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas de los ERE han pedido a la Audiencia de Sevilla que suspenda el juicio, cuya reanudación está prevista para el próximo 12 de febrero, hasta que no dispongan y puedan analizar la "profusa prueba documental" que el tribunal ha admitido a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones del Partido Popular y Manos Limpias.

Los letrados de varios de los ex altos cargos se han dirigido en estos términos a la Sección Primera de la Audiencia, mostrando su "protesta" por la admisión de esas pruebas y reclamando la suspensión de la vista oral al entender que la admisión vulnera el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial de los acusados, y genera indefensión a las partes.

El abogado Víctor Moreno Catena, que representa a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, ha pedido a la Sala que suspenda el juicio "hasta que los medios de prueba se hayan traído al proceso y se pongan a disposición de las partes, así como que se conceda un nuevo trámite a las defensas para que, con base en el principio de igualdad de armas y de efectiva contradicción, y sólo si lo estiman conveniente, puedan reaccionar proponiendo nuevo material probatorio".

El letrado considera que el proceder de los acusadores, "que se han presentado en la puerta del juicio oral con un ingente arsenal probatorio, actuando con una evidente mala fe procesal, ha generado indefensión en los acusados, situándose las acusaciones en una posición de privilegio porque se les ha admitido un extenso elenco de pruebas tanto documentales como testificales, a pesar de que los proponentes no estaban en disposición de practicar todas ellas en aquel acto", al tiempo que tilda de "sorpresiva y tardía" la proposición de estas pruebas.

Dice el abogado de la ex consejera que todos estos elementos probatorios eran "sobradamente conocidos por las acusaciones y, siendo así, la única explicación posible es que representan una respuesta, una suerte de réplica a las argumentaciones defensivas formuladas en los escritos de defensa".

La abogada Encarnación Molino, que defiende al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, no pide la suspensión pero sí ha formulado su protesta a la admisión de unas pruebas que "vulneran el derecho de defensa", por lo que deja constancia de su protesta a efectos de un posible recurso de casación e incluso de "un eventual recurso de amparo" ante el Tribunal Constitucional.

La letrada de Vallejo ataca la decisión de la Audiencia de aceptar la prueba propuesta por la Fiscalía Anticorrupción para que se dé traslado a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) de la prueba documental aportada por las partes o que haya solicitado la propia. Encarnación Molino considera que en este aspecto la decisión del tribunal "no se ajusta a Derecho, porque lo instado por el Ministerio Fiscal suscita una gran inseguridad jurídica" por la "absoluta inconcreción y generalidad" de los documentos que se van a entregar a los peritos oficiales, y por la "completa carencia de finalidad legal del traslado", ya que "no existe habilitación legal alguna en nuestra ley rituaria que permita da traslado de pruebas documentales a unos peritos que ya han emitido un informe que ha sido ratificado".

Ese traslado de la documentación, prosigue esta defensa, "sería tanto como permitir a tales peritos la emisión de un nuevo informe pericial in voce durante la ratificación de los ya emitidos; informes que sí obran en la actuaciones y que sí son conocidos por las partes", por lo que "parece indudable que dicha actuación es incompatible con el derecho de defensa y el principio acusatorio, pues no tiene otra finalidad que la de sorprender con su análisis a las partes".

Por su parte, el abogado José Rebollo, que defiende al ex interventor de la Junta Manuel Gómez y al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa, también ha solicitado a la Sección Primera la suspensión del juicio hasta tanto "no se dé traslado a las partes de cuanta documentación probatoria ha sido admitida" y de la misma forma solicita que se confiera a las defensa "trámite para proponer los medios de prueba que resulten pertinentes y relacionados con lo anterior en aras a evitar que se irrogue un mayor perjuicio e indefensión a los acusados".

Para este letrado resulta "palmaria la indefensión provocada a esta parte por cuanto lo que se pretende es completar y adicionar nuevos elementos a los escritos de acusación que en su día presentaron las acusaciones".La defensa del ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete, que ejerce el letrado Juan Carlos Alférez, se pronuncia en los mismos términos, solicitando que las sesiones de la vista oral no se reanuden hasta que los letrados que representan a los 22 ex altos cargos "no dispongan de la completa y profusa prueba documental que se les ha admitido a las acusaciones", con libramiento de oficios a la dirección general de Empleo, al Consejo Consultivo, y la petición a la Junta para que aporte expedientes. Alférez pide asimismo que se les otorgue "un prudencial pero suficiente plazo para el análisis de dicha documentación y utilizar, en su caso, el derecho a proponer prueba dentro de dicho término".

De otro lado, la acusación popular que ejerce el Partido Popular también ha presentado un escrito al tribunal, en el que insta a la Sección Primera a librar los despachos necesarios para la práctica de las pruebas documentales propuestas y admitidas, entre ellas que se requiera al interventor general de la Junta para que entreguen a la Sala los informes que menciona en un escrito del 14 de julio de 2016 sobre el "concepto de menoscabo de fondos públicos, así como las propuestas de modificaciones legislativas realizadas por la Intervención General en el año 2010 y, en años anteriores y posteriores si las hubiere, tendentes a unificar todas las transferencias de financiación presupuestadas en una sola por la Consejería y empresa destinataria, estén o no rubricadas".

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