Viera insiste en que no recibió "ningún aviso" sobre la "irregularidad" de los ERE

  • El ex consejero de Empleo solicita a la juez Bolaños el archivo en una de las piezas al entender que los delitos habrían prescrito.

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El ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera ha solicitado el archivo en una de las piezas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en un escrito donde insiste en que "no recibió durante su mandato ningún aviso o advertencia sobre la irregularidad" del sistema investigado. 

En el escrito, el abogado del ex consejero solicita a la juez María Núñez Bolaños el archivo de la causa abierta contra su patrocinado por la ayuda de 180.304 euros concedida por la Junta a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005 para la elaboración de cursos de formación 'on line' del voluntariado. El letrado relata que, según el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esta ayuda se estipuló mediante un convenio de colaboración entre la Asociación y la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de fecha 26 de septiembre de 2003, tras lo que el importe de 180.304 euros fue pagado en dos transferencias. De este modo, se estableció un primer pago el 11 de febrero de 2005 (con cargo a la partida presupuestaria 31L) y un segundo pago el 23 de febrero de ese mismo año (con cargo a la partida presupuestaria 54B), pone de manifiesto el abogado. 

En este sentido, agrega que, según disponen los artículos 130 y 131 del Código Penal, la responsabilidad criminal se extingue por prescripción del delito, prescribiendo a los diez años los delitos cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. 

El abogado precisa que el delito de prevaricación y el tipo básico del delito de malversación de caudales públicos prescriben a los diez años, y recuerda a la instructora que en el auto donde imputó a Viera también acordó archivar la causa contra cuatro trabajadores de la Asociación. 

Y es que, en el auto, la magistrada argumentó que, tratándose de una ayuda inferior a 450.000 euros, "en la cual podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado", estableciendo como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de IDEA exigía pasar por la ratificación/aprobación del Consejo Rector, y habiéndose realizado el pago el 23 de febrero de 2005, "hace más de diez años", procede declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación y archivar la causa contra estos cuatro trabajadores. El letrado solicita a la juez "idéntico pronunciamiento" respecto del ex consejero "por las mismas razones" dadas en el caso de los trabajadores de la Asociación y porque, además, Viera fue consejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004, por lo que "había cesado en su cargo mucho antes de que se produjera el desplazamiento patrimonial, presuntamente ilícito, en fechas 11 y 23 de febrero de 2005". A su juicio, en este caso "no sólo el dies ad quem es el auto de 17 de mayo de 2016, ya que es la fecha de la primera resolución dictada por órgano competente, que puede ser considerada como auto de imputación" respecto de Viera ("a partir de la cual se le ha permitido ejercer su derecho de defensa en la presente pieza separada"), sino que, además, "su única participación en los hechos, objeto de la presente pieza, se remonta a septiembre de 2003, fecha en la que, presuntamente, firma el convenio de colaboración". 

Y todo ello, añade, "sin perjuicio de que Viera no recibió durante su mandato ningún aviso o advertencia sobre la irregularidad de un sistema (y con ello, la firma del convenio de marras) que había sido configurado por funcionarios de categoría A y otros órganos y centros directivos, en los que legítimamente confiaba, por formar parte del equipo de gobierno". Por todo ello, reclama a la juez el archivo de la causa y que deje sin efecto el señalamiento de toma de declaración en calidad de investigado de su cliente previsto para el próximo día 7 de julio. 

En esta pieza, la magistrada también imputó al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.  

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