Algunos miembros de IU han entendido que la comparecencia de ayer del ex ministro de Trabajo Eduardo Zaplana fue "infructuosa" para los motivos que investiga la comisión de los ERE, y Javier Arenas, que intervino como antiguo ministro de Administraciones Públicas, aseguró que, en este cargo, ni tuvo responsabilidad ni competencias sobre las ayudas concedidas a trabajadores de cinco empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva a partir del año 2002. Nada nuevo en apariencia. Sin embargo, las dos explicaciones que estos importantes cargos de los gobiernos de José María Aznar ofrecieron ante el Parlamento andaluz sirvió para algo esencial: para conocer cómo concedía, y concede, el Ejecutivo central ayudas similares a las entregadas por la Junta; cuál es la diferencia de procedimientos y, por tanto, arroja luz sobre por qué cabe cuestionarse la legalidad de lo acometido en Andalucía desde 2001 y, si no lo fuera así -es decir,  si se ajusta a la ley-, por qué fallaron los controles. Tanto Zaplana, que en la actualidad es directivo de Telefónica, como Arenas, explicaron que el aval legal con el que contaban era una orden del Ministerio de Trabajo de 1995, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 19 de abril de ese año, y que está firmada por Griñán Martínez; es decir, por el actual presidente de la Junta cuando éste era titular de este ministerio con Felipe González de presidente. Arenas, que antes de dirigir el Ministerio de Administraciones Públicas, estuvo al frente de Trabajo, aseguró que mantuvo como directora general de Trabajo a la misma que estuvo con su Griñán, "doña Soledad Pérez, excelente, que ha estado hasta con siete ministros".

A diferencia de las ayudas sociolaborales que la Consejería de Empleo comenzó a conceder a partir de julio de 2001, y que se sustentan en un Convenio Marco con el Instituto de Fomento de Andalucía, porque esta agencia era la que realizaba los pagos, la del Gobierno central se basa en esa orden de Griñán que explica que "con esta disposición se trata de dar publicidad, concurrencia y objetividad al conjunto de ayudas, así como determinar los supuestos y condiciones en las que procede la concesión de las mismas". Es decir, que el Gobierno, primero con el PSOE de González, después con el PP de Aznar, más tarde con el de Rodríguez Zapatero y, ahora, con Mariano Rajoy, posee un instrumento reglado para dar las ayudas y que,  además, se publicó en el BOE para que hubiera concurrencia y no fuera opaco. Que no existía la condición de concurrencia y, además, se incurriera en opacidad no sólo lo mantiene el PP en Andalucía, sino que el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo también lo ha reconocido esta semana ante la misma comisión de investigación.

La otra diferencia básica es que, en Andalucía, la ayuda la concedía la Consejería de Empleo, sometida a una fiscalización previa, pero a través del IFA, un órgano donde el control no se producía a priori. Ésta es una de las características sustancial del convenio firmado en julio de 2001 por el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y el presidente del IFA, y viceconsejero suyo, Antonio Fernández, por el que la Consejería hacía una transferencia de explotación al IFA que servía para pagar a los trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis. De ahí que, según la versión que ofreció el pasado martes en el Parlamento el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, no se hubiese podido ejercer la fiscalización de las ayudas concedidas. Las ayudas del Gobierno central, a diferencia de las de la Junta, cuentan con una fiscalización previa y, posteriormente, se envían al Tribunal de Cuentas. En el caso de la Faja Pirítica de Huelva fue lo que sucedió: se envió, finalmente, al este tribunal sin que realizase objeciones.

Tanto Arenas como Zaplana concurrieron a la comisión de investigación por un acuerdo para prejubilar a cerca de 1.300 trabajadores de cinco empresas mineras de la Faja Pirítica onubense: Rio Tinto, Almagrera, Aznalcóllar, Nueva Tharsis y Pilón del Sur. Se trató de un acuerdo de pagos y ayudas entre el Gobierno central -entonces del PP- y de la Junta, y que contó con la mediación en Andalucía del hoy alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, entonces delegado del Ejecutivo de Madrid en la comunidad autónoma. La juez Mercedes Alaya, instructora del caso penal de los ERE, investiga si entre los beneficiarios de tales ayudas hay intrusos o personas que no tenían derecho a las prejubilaciones por no cumplir la edad tasada. En la minería, se aplican unos coeficientes de reducción de edad a los empleados para prejubilarlos. Tanto la juez como el PSOE tienen la sospecha de irregularidades en este asunto que implicaría al PP.

Zaplana afirmó, rotundamente, que en ese paquete de ayudas no había ni intrusos ni personas a las que se aplicó coeficientes de edad falsos para que las cobrasen.  "No concibo -aseguró el ex ministro- que pueda haber intrusos en la Administración central, porque los controles exigidos y la formación y empleo de los técnicos funcionarios lo hacen, prácticamente, imposible". Colocar "falsos mineros", en palabras del socialista Jesús María Ruiz -miembro de la comisión-, "es imposible", dijo Zaplana. Pero, además, el ex ministro se refirió a las declaraciones del último titular de Trabajo de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, para sustentar su aseveración: el 26 de febrero de 2011 aseguró que la concesión a la Faja Pirítica había sido "estricta y rigurosa".

La parlamentaria de IU Alba Doblas preguntó a Zaplana para qué explicase por qué el Ministerio de Trabajo había escogido la Faja Pirítica de Huelva y no otro sector, y ahí el ex ministro contestó de modo análogo a como, por ejemplo, lo hizo el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández: era una decisión política. Es decir, lo que se ha venido en llamar discrecionalidad del poder en clara diferencia con la arbitrariedad. La concesión de las ayudas, por ejemplo, tampoco se publicaban en el caso del Gobierno central porque, según Zaplana, el la Ley de Procedimiento Administrativo mantiene que a estos actos  no se le dan publicidad. Y tampoco se editó en el Boletín Oficial del Estado el acuerdo entre la Junta y el Gobierno para colaborar al 50% y conceder las ayudas a los trabajadores, aunque sí apuntó que está recogido en el registro de sesiones del Congreso de los Diputados.

Pero los ex ministros del PP fueron a más, y adelantaron donde pueden situarse los posibles intrusos de la Faja Pirítica de Huelva: en una póliza que, posteriormente, concedió la Consejería de Empleo, a través del IFA, y que lleva por número el 1.096. Fue suscrita por Vitalia. Tanto Zaplana como Arenas sugirieron a la comisión que mirasen esa póliza, donde supuestamente hay mineros que ya habían salido de empresas que no existían o albañiles de Construcciones Mary, de Valverde del Camino, afectados por expedientes de regulación de empleo. Según Arenas, Juan Ignacio Zoido, anterior delegado del Gobierno y que intervino el miércoles pasado en la comisión, sabe, por un informe de la Junta, que en esa póliza habría un total de 60 supuestos intrusos.