El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, insistió ayer en denunciar que la Junta de Andalucía concedió ayudas extraordinarias a la empresa jiennense Primayor y a Astilleros de Huelva "saltándose la propia norma dictada en abril de 2011" por la Administración autonómica para modificar el procedimiento y dotarlo de publicidad, concurrencia y objetividad.

Zoido se refirió de nuevo a estas ayudas durante una entrevista en Los Desayunos de TVE, después de que el jueves el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, haya pedido su dimisión por "mentir en el Parlamento" al afirmar que la Junta concedió una ayuda a Primayor en la que "hay intrusos" y aparece "otra vez como mediador" el ex sindicalista Juan Lanzas tras la orden aprobada en abril de 2011 para modificar el procedimiento de concesión de ayudas excepcionales a empresas en crisis.

Zoido no entró ayer en detalle en Primayor y siguió con su tesis de que Griñán "conocía perfectamente los 'fondos de reptiles'" en su etapa como consejero de Economía y Hacienda y censuró que, tras "promulgar una orden ministerial en 1995 para dar publicidad concurrencia y objetividad" a las ayudas excepcionales empresas en crisis, "sabiendo que esos fondos existían en Andalucía, cuando en 2004 llega como consejero no corrige ninguna de las normas como hizo en Madrid". Otro de los errores recientes de Zoido fue pedir que se investigara esta cuestión en el Congreso de los Diputados, donde no encontró respaldo de su partido.

Sobre la ayuda de Astilleros de Huelva, fue la dirigente Alicia Martínez la que en rueda de prensa anunció que ha pedido a la juez Mercedes Alaya que investigue y requiera al Consejo de Gobierno "los expedientes administrativos íntegros, completos y foliados" de las subvenciones excepcionales otorgadas por la administración autonómica a Astilleros de Huelva el 15 de noviembre de 2011, así como "cuanta documentación" obre en las dependencias de la Consejería de Empleo en relación a los mismos, "incluidos los pagos que se hayan realizado y la justificación del beneficiario".

Martínez apuntó que estas ayudas son "ilegales" porque "revisten carácter ilícito penal" al incumplir tres normas o directrices.

La Consejería de Economía informó ayer de que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía descartó en septiembre de 2011 que la ayuda que se solicitó para Astilleros de Huelva se acogiera a la orden reguladora de las ayudas sociolaborales de abril de ese año, que se dictó para corregir el procedimiento que permitió el fraude de los ERE.

En el informe del gabinete jurídico, facilitado por la Consejería de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, se descarta que en la ayuda se pueda aplicar la orden porque "sólo pueden solicitarla los trabajadores, no las empresas, como es el caso".

El escrito añade que la empresa es la que obtendría recursos económicos para financiar las obligaciones indemnizatorias que tiene con sus trabajadores y es la que solicitó la subvención excepcional, por lo que "no resultan de aplicación dichas bases".