La Consejería de Educación de la Junta detectó a través de su Observatorio de Convivencia Escolar que hubo 358 alumnos acosadores en un colectivo de más de 1.200.000 personas. El 0,03% de la población estudiantil andaluza en el curso 2014-2015. El curso anterior, el 2013-2014, fueron 279; mientras que en el ejercicio 2012-2013 alcanzó los 346 menores. El porcentaje oscila entre el 0,02% y el 0,03%. Sin embargo, un informe de 2011 recogido en el II Plan de Infancia y Adolescencia, aprobado el año pasado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, revela que el 12% de los alumnos andaluces de 11 a 18 años de edad había sido víctima de acoso.

Si se cruzan los datos -ambos oficiales y ambos procedentes de la Junta- una media de 300 niños y jóvenes serían los responsables de acosar a más 70.000 compañeros, cifra aproximada que resulta de calcular el 12% de alumnos andaluces de Secundaria, Bachillerato y el último ciclo de Primaria que reconocen haber sufrido vejaciones en la escuela. El estudio Las conductas relacionadas con la salud y el desarrollo de los adolescentes andaluces, realizado por la Universidad de Sevilla, también revela que el 7,7% de esos alumnos sufrieron acoso una o dos veces e incluso un 1,7% en varias ocasiones a la semana. Si se considera que el Observatorio de Convivencia Escolar sólo registra los casos más graves, esos 300 acosadores deben ser responsables de vejar a 10.200.

Maeztu pide un estudio con clasificación de las vejaciones por provincia, etapa y tipología

El baile de datos es cuanto menos confuso, pero se enreda todavía más si se atiende a los estudios realizados por ONG. Save The Children, por ejemplo, reveló en febrero de 2016 a través de su estudio Yo no juego a eso que el 11% de los alumnos andaluces había sufrido acoso ocasional y un 1,2% de forma frecuente. Este sondeo incluye los datos de ciberacoso, que en Andalucía afectaría al 9,5% de los estudiantes ocasionalmente y al 0,9% de forma frecuente.

Ante esta disparidad, el Defensor del Menor de Andalucía, insistió el lunes pasado en la necesidad de poner en marcha un registro exhaustivo en la comunidad para poder atajar el problema. Jesús Maeztu hizo su propuesta dentro del informe especial sobre el acoso escolar porque, a su juicio, "las diferentes metodologías, los distintos ámbitos de estudio y las variables tomadas en consideración hacen muy difícil formular un pronunciamiento serio y riguroso".

Aunque el también Defensor del Pueblo Andaluz reconoce que la situación no es "alarmante", sí insta a la Administración a actuar por "el fracaso" de las medidas de prevención tomadas hasta el momento. Miguel Ángel Vázquez aludió al protocolo creado en 2011 por la Consejería de Educación para atajar el problema, que fue mejorado en 2015 para incluir los casos de discriminación en los colegios provocados por la identidad de género de la víctima. "Contamos con servicios para prevenir el acoso y el ciberacoso, como un portal de convivencia y un teléfono gratuito de información y asesoramiento", añadió el portavoz del Ejecutivo.

A pesar de medidas como las mencionadas por Vázquez, Maeztu abunda en su informe en la necesidad de conocer de forma pormenorizada una realidad "que permanece oculta en muchos casos", ya sea por las carencias de un sistema de medición que "se olvida" de las víctimas o por la "reticencia" de algunos centros a comunicar los casos de maltrato "por miedo a las represalias de los agresores, por que pueda suponer desprestigio o por que los desconocen".

Para acabar con esa situación, Maeztu pide a Educación un nuevo sistema de medición del acoso escolar que incluya información sobre los casos que se produzcan en cada uno de los cursos en todos los centros educativos andaluces y con separación por ciclos, ya sea en Primaria, Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional. El informe del Defensor del Menor también solicita que se haga una clasificación por provincias y por la titularidad del centro educativo, sin incluir a los privados.

Sin embargo, la propuesta de Maeztu es ambiciosa y su intención es que los informes aludan a la tipología del acoso, que puede ir desde la exclusión a las agresiones verbales, pasando por las vejaciones, las humillaciones o el ciberacoso. También defiende que se haga especial referencia a las agresiones derivadas de violencia de género. Educación, de seguir las recomendaciones del Defensor del Menor, tendría que informar también de las decisiones tomadas con víctimas y agresores, así como divulgar anualmente el resultado de los estudios. Para conseguirlo, es necesario modificar el registro actual del Observatorio de la Convivencia Escolar o crear un registro nuevo.