La juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de ayudas irregulares, ha acordado el embargo de ocho cuentas bancarias y los bienes inmuebles de Juan Francisco Trujillo Blanco, el ex chófer del director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles derivadas de su imputación en esta causa.

Un decreto de la magistrada de fecha 8 de junio acuerda el embargo una vez que ha transcurrido sin respuesta alguna el plazo que se concedió al antiguo chófer para que designara los bienes de su propiedad al objeto de trabar el correspondiente

La resolución de la instructora acuerda, en concreto, el embargo de ocho cuentas bancarias de Juan Francisco Trujillo, para lo cual ha requerido a las entidades a las que pertenecen para que además certifiquen el saldo existente en las mismas “a los dos meses anteriores a la recepción del oficio”, con lo que la juez quiere averiguar si en este período el imputado ha podido modificar el estado de sus cuentas.

La juez también ha expedido oficio al registro de la Propiedad para que informe sobre los bienes inmuebles que figuran como propiedad del ex chófer, con la finalidad de trabar embargo.

Juan Francisco Trujillo permanece en prisión provisional en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) a pesar de que la Audiencia de Sevilla abrió la semana pasada la posibilidad de su excarcelación, previo abono de una fianza de 150.000 euros, y todo ello al considerar que se habían minimizado los riesgos de fuga y de que destruya pruebas, además de destacar su colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la apertura de nuevas líneas de investigación. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla revocó parcialmente la decisión de la juez Alaya, que le había encarcelado el pasado 21 de marzo, tiempo desde el que permanece privado de libertad.

La juez Alaya ha decidido precisamente en otro auto notificado este martes y a petición de la Fiscalía Anticorrupción, abrir una “pieza separada” relativa a todas las sociedades vinculadas a Juan Francisco Trujillo, requiriendo a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que “realice diligencias complementarias a fin de averiguar otras ayudas obtenidas por sociedades en las que sea partícipe, así como reclamar las hojas registrales de sociedades participadas por éste”.

De otro lado, la juez ha acordado convocar a las partes el próximo 30 de julio para que planteen la petición de medidas cautelares con respecto al ex futbolista José Antonio Gómez Romón, Pizo Gómez, también imputado en la causa.

Por último y, atendiendo la petición de diligencias de la Fiscalía Anticorrupción, la instructora ha acordado comunicar a nueve empresas su condición de “responsables civiles subsidiarios” en la causa del fraude de los ERE y sobre las que, aclara la juez, también se podrán interesar y adoptar medidas cautelares.