La ex alcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo mes, en esta ocasión por desviar subvenciones del denominado Plan E para pagar gastos municipales. El juicio por este caso, en el que el fiscal anticorrupción pide para Sánchez tres años de prisión y una multa de 8,6 millones de euros, se celebrará los días 9, 10 y 11 de junio.

El fiscal acusa en este caso a la ex alcaldesa de Jerez de pagar gastos corrientes municipales, como las nóminas de los funcionarios municipales, con el dinero que el municipio recibió del Plan E, que sólo se podía usar para los fines para los que había sido concedido, como la construcción del Museo Lola Flores o de la Ciudad del Flamenco.

Según el informe elaborado por la Intervención y la Tesorería del propio Consistorio, el Gobierno local dispuso de 9,7 millones de euros de los 17,7 millones que el Estado ingresó en una cuenta restringida para financiar 37 proyectos de inversión.

Este juicio es el segundo al que se enfrenta la ex alcaldesa jerezana, que el pasado febrero fue absuelta del denominado caso de los asesores, promovido a instancias del también ex alcalde andalucista Pedro Pacheco que la acusaba de contratar a militantes socialistas.

Sánchez tendrá que enfrentarse a un tercer juicio, por el caso PTA, en el que el fiscal pide para ella siete años de prisión y 16 de inhabilitación por cuatro delitos relacionados con la concesión de una ayuda a una empresa para que comprara suelos en el Parque Tecnológico Agroindustrial.