La alcaldesa de Marbella reclama la lista de viviendas que la Junta quiere derribar

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), anunció ayer que solicitará a la Junta de Andalucía la relación de viviendas cuya demolición ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Muñoz dijo que su interés está justificado porque el Ayuntamiento "es parte" y tiene "bastante que ver" en este proceso donde va a defender "los derechos de los propietarios afectados".

La regidora manifestó su interés por conocer los argumentos "actuales" de la Junta que le llevan a exigir la ejecución de las sentencias que anulan las licencias ilegales, ya que considera que la administración autonómica "ha tenido distintos discursos sobre el mismo tema". Una vez que reciba las explicaciones, el Consistorio hará "todo lo que esté en sus manos" para evitar los derribos de los inmuebles.

Muñoz calificó como "hipócrita" y "muy perjudicial" la actitud del Gobierno andaluz, a lo que añadió que continúa redactándose el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde con toda probabilidad se regularizarán buena parte de las viviendas que ahora están en el ojo del huracán.

Ayer también hubo novedades sobre uno de los principales inculpados en el caso Malaya, el ex alcalde Julián Muñoz. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias le ha concedido la clasificación como preso de segundo grado, tal y como pidió a mediados de octubre la cárcel de Jaén, donde el ex alcalde cumple dos condenas de un año de prisión cada una por sendos delitos urbanísticos. La nueva situación de Muñoz, fijada a finales de noviembre, "no supone ningún cambio significativo", aunque esta clasificación le permite optar a beneficios penitenciarios, como permisos para poder salir a la calle e incluso al régimen abierto si cumple los requisitos. La decisión de Instituciones Penitenciarias se ha tomado después de estudiar la solicitud de la cárcel de Jaén, que se decantó por el segundo grado o régimen ordinario. El reglamento penitenciario contempla permisos ordinarios de hasta 36 días al año, además de concesiones extraordinarias debidamente acreditadas.

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