Las asociaciones judiciales piden más medios tras el caso Mari Luz

  • Denuncian que existe un “grave riesgo de error y/o retraso” en la tramitación de las causas y reclaman una auténtica reforma y modernización de la Justicia

Las asociaciones judiciales pusieron ayer el dedo en la llaga en el problema de fondo que ha puesto de manifiesto el escándalo por el caso Mari Luz y reclamaron al Gobierno y al Poder Judicial mayores medios para luchar contra el retraso de la Justicia.

Una nota que suscriben las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente –falta la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera–, advierte de que actualmente existe un “grave riesgo de error y/o retraso” en la tramitación de las causas judiciales, ante el que es necesario acometer “una auténtica reforma y modernización de la Justicia, verdadera asignatura pendiente de la democracia española”.

Los colectivos profesionales piden, de otro lado, respeto para el expediente que está tramitando el CGPJ por falta muy grave contra el magistrado del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez. El procedimiento disciplinario “debe ser enteramente respetado sin interferencia alguna, cualquiera que sea la decisión final que se adopte”.

Las asociaciones consideran que ese respeto que se solicita para la actuación del máximo órgano de gobierno de los jueces también tiene que reclamarse a los representantes políticos, a cuya responsabilidad apelan para evitar “imputaciones precipitadas de culpabilidad” y que permitan que la depuración de responsabilidades a que pudiera haber lugar se desarrolle a través del procedimiento oportuno y “con todas las garantías, especialmente la del derecho de defensa”.

En cuanto a la sobrecarga de trabajo y las carencias de la Justicia, los jueces denuncian que “son muchos” los órganos judiciales españoles que están sometidos a una carga de trabajo extraordinaria, “muy por encima de los módulos de trabajo fijados por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no atendiéndose debidamente las seculares peticiones de adecuación a la planta judicial a las necesidades reales de la Justicia”.

Junto al exceso de trabajo, las asociaciones llaman la atención sobre la “patente falta de personal”, al tiempo que señalan que la cobertura de las plazas vacantes es “irregular, tardía y se atiende con personal no cualificado”.

El caso de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, también ha revelado las deficiencias de los sistemas informáticos y la falta de conexión entre los ordenadores de la Policía y de los órganos judiciales. Para las tres asociaciones profesionales de jueces, resulta imprescindible dotar a los órganos de unos medios materiales “modernos”, especialmente en lo que se refiere a las herramientas informáticas, “tal y como existen en otros ámbito de la Administración, como en la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que permitan de una manera eficaz la debida coordinación entre los juzgados y tribunales entre sí y con otras instituciones”.

Santiago del Valle contaba con nueve causas penales, cinco de ellas por delitos sexuales, pero hasta la fecha sólo constaban en el registro de rebeldes y penados la condena firme por abusar de su hija, por la que no había sido encarcelado, y otra por abusos a otra niña, que se hallaba suspendida.

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