El caso Alhambra, que durante más de una década investigó las irregularidades en la gestión de las entradas al monumento granadino, ha finalizado por ahora con una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que rebaja las penas de cárcel de los condenados por las "dilaciones extraordinarias" del proceso. Según se recoge en el sumario, buena parte de ese retraso se debió a la pérdida de tres años de trabajo judicial por el envío reiterado de datos incorrectos por parte de la entidad bancaria que se encargaba entonces de la gestión de las entradas.

El propio abogado del BBVA, entidad que en un principio estaba en el punto de mira de la investigación por la gestión de las cancelaciones de entradas, reconoció en un escrito de 2008 que los últimos datos que la entidad había aportado eran "erróneos, al igual que todos los datos remitidos anteriormente al Juzgado de Instrucción 6 de Granada con motivo de estas diligencias previas". El letrado explicaba que los motivos esgrimidos por los técnicos del banco eran "la forma de extraer los datos", ya que "por la provisionalidad del puesto de las personas encargadas, el desconocimiento de la operativa de los ficheros informáticos" y otras causas, "han dado lugar a un cúmulo de circunstancias que han propiciado que los datos remitidos hasta ahora sean erróneos o incompletos".

Los peritos advertieron que los datos enviados por el BBVA no coincidían con los del Patronato de la Alhambra, de ahí que durante años el juzgado y la Policía reiteraran sus peticiones a la entidad. En octubre de 2008, el juez instructor ordenó a la Policía que identificara "de forma inmediata" a los responsables de la elaboración y envío de la información.

Varios agentes y un perito se desplazaron entonces hasta la sede del Área de Tecnología y Sistema del banco en Madrid para dar cumplimiento de la orden judicial, donde los técnicos y el abogado de la entidad admitieron los "errores". Es más, acordaron la aportación de la base de datos completa del sistema de venta de entradas operado entonces por el BBVA.

La información, que ocupaba 634.554 folios, llegó al juzgado el 9 de diciembre de 2008 . Ahora bien, tendrían que pasar varios meses, hasta mediados del año siguiente, para que esa ingente cantidad de información fuera adaptada por los técnicos a un formato accesible para poder ser consultado.