Los ayuntamientos exigen parte de la deuda histórica a la Junta para sanearse

  • La FAMP defiende mayor flexibilidad para que los municipios puedan aumentar su déficit presupuestario · Los alcaldes consideran un "fraude político" financiar competencias con subvenciones

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Los ayuntamientos andaluces lanzaron ayer un mensaje de unanimidad, más allá de las diferencias políticas, ante una situación económica "agobiante", como reconoció ayer Francisco Toscano, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En las arcas municipales quedan pocos fondos en tiempos de crisis y los alcaldes quieren una solución a corto plazo que involucre tanto a la Junta como al Gobierno central. Así, reclamaron que un porcentaje de la deuda histórica vaya destinado a los municipios, flexibilizar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que permita aumentar su capacidad de endeudamiento y que el Gobierno autonómico salde sus impagos con los consistorios. Estos asuntos, junto a un listado de competencias municipales que esperan ver satisfechos en la futura ley andaluza de Régimen Local, serán abordados en la reunión que mantendrán mañana con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la consejera de Gobernación, Clara Aguilera.

La Comisión Ejecutiva de la FAMP se sumó así ayer a la reivindicación del PP de que parte de la deuda histórica se dirija a los consistorios, eso sí, con matices. El socialista Francisco Toscano, que también es alcalde de Dos Hermanas, dejó claro que aún no se ha fijado un porcentaje, frente al 50% que pide el PP, ya que, añadió, deberá ser el Parlamento el que establezca esta cifra. Toscano -flanqueado por alcaldes de todos los partidos después de una reunión que se alargó durante más de tres horas tras las críticas recibidas por la FAMP en las últimas semanas tanto desde el PP como de IU- reclamó "generosidad a nuestros representantes políticos para que el debate transcienda en un gran pacto que resuelva el problema".

Desde Granada, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, recordó ayer que el Estatuto de Andalucía "marca claramente" el destino de la deuda histórica, que, según dijo, no es una financiación "para la Junta ni los ayuntamientos, sino para mejorar los servicios públicos". Aun así, el presidente matizó que para cubrir estos servicios se pueden alcanzar convenios con los ayuntamientos y desarrollar de este modo una cofinanciación. El presidente precisó además que la cantidad destinada en los presupuestos de 2009 de la Junta a los ayuntamientos es mucho más elevada que el volumen de deuda histórica solicitada al Gobierno central, un mínimo de 1.148 millones.

La Ejecutiva de la FAMP también consideró necesario flexibilizar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma obliga a los municipios a cerrar sus presupuestos con equilibrio o superávit, mientras es más flexible con las cuentas estatales y autonómicas, que pueden incurrir en un déficit del 1% de su PIB. "Sabemos que es un asunto que debe resolverse a nivel estatal, pero pedimos a nuestros representantes políticos y Gobierno autonómico que nos apoye en esta flexibilización", reconoció Toscano.

La alcaldesa de Marbella y vicepresidenta primera de la FAMP, Ángeles Muñoz, puso una tercera reivindicación encima de la mesa al recordar que la deuda que la Junta mantiene con los municipios por el impago de impuestos es otra de las causas que está llevando a su asfixia económica.

Si estos tres elementos se ofrecieron como soluciones a corto plazo a la mala situación financiera de los consistorios, la respuesta a largo plazo vendrá de las leyes de Régimen Local y la de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la comunidad autónoma, que la Junta espera llevar al Parlamento antes de junio. La FAMP aprobó ayer la postura que defenderá en la reunión de mañana con Chaves y que se basa en los principios de delimitación de las competencias y de la financiación incondicionada, abandonando aquella basada en las subvenciones. "Financiar competencias propias con subvenciones supone un fraude político que no se pude encubrir ni justificar", señala el documento aprobado.

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