Planificaban sus golpes con una gran profesionalidad, se convertían en las sombras de sus objetivos y no dudaban a la hora de emplear una violencia desmedida. Este es el perfil de la banda de atracadores vinculada a la trama delictiva de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre, en Málaga. La Guardia Civil les imputa 16 atracos a representantes de joyas, en los que obtuvieron alhajas por un valor aproximado de un millón de euros.

Esta fase de la operación, a la que se unieron otras dos en las que fueron arrestados dos funcionarios de la cárcel e implicados una serie de presos, se ha saldado con la captura de seis ciudadanos italianos y la realización de seis registros en cuatro municipios de la provincia.

Según informó ayer la Guardia Civil, a estos detenidos, que conformaban una peligrosa organización de delincuentes reclamada a nivel europeo, se les imputa delitos contra la salud pública, de robo con fuerza, robos con violencia e intimidación, de receptación y de asociación ilícita.

La investigación, que ha culminado con la denominada Operación Duelo, se inició en octubre, cuando el Instituto Armado recibió información de las autoridades policiales de Portugal por la implicación de este individuo en delitos en ese país.

El Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de Málaga se hizo cargo del caso y las primeras investigaciones permitieron localizarle y establecer su conexión con el resto de detenidos, por lo que se efectuaron seis registros gracias a los que se intervinieron distintas cantidades de drogas y utensilios para cometer los robos.

La investigación también ha posibilitado la imputación de un abogado de Estepona y la detención de un empresario con varios negocios en Torremolinos. Fuentes consultadas por este periódico señalaron que existe una conexión entre la desarticulación de este grupo organizado y otra investigación llevada a cabo por el Instituto Armado cuyo epicentro era la prisión provincial.

Los agentes detuvieron a dos funcionarios de la penitenciaría por presuntamente introducir drogas y teléfonos móviles a algunos presos, que supuestamente participaban de actividades delictivas desde la cárcel.