Desde hace unos meses, toda la política andaluza gira en torno a la financiación autonómica, como si fuese el leit motiv de esta legislatura. Caducado el actual modelo, hay que negociar uno nuevo, pero el Gobierno central se niega; no lo dice así, pero sigue mareando la perdiz. Ahora, esgrime el problema catalán para no abordarlo. La Junta de Andalucía aprieta. Y la Generalitat valenciana, que es de los gobiernos más perjudicados. Corre prisa, pero el grupo de trabajo creado en el Parlamento andaluz para respaldar la negociación de la Junta frente al Gobierno central también se toma su tiempo. Ayer se decidió que no será hasta abril cuando lleve sus conclusiones al Pleno; menos mal que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tampoco está por la labor. Y no es que el Gobierno de Susana Díaz necesite el resultado de este organismo -negocia su Ejecutivo, no el Parlamento-, pero entiende que sus conclusiones le darían fuerza en la mesa de diálogo. Es un grupo de trabajo que le refuerza esa agenda política.

Ángel de la Fuente, que es el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y también uno de los mejores investigadores del país en esta materia, sumergió ayer a los parlamentarios andaluces en un baño de realidad. Es uno de los expertos que está pasando por el grupo de trabajo que no se ha tomado las vacaciones del mes de enero, como el resto del Parlamento. El sistema de financiación autonómica no es una "carta de Reyes Magos", gracias a la cual las comunidades podrán dar satisfacción al gasto público que demandan sus ciudadanos o que requieren sus gobiernos. El baño no fue del todo desagradable -dijo, por ejemplo, que Andalucía estaba mal financiada-, pero apuntó que el camino para ampliar los recursos viene de la mano de subir los impuestos. "Y si alguien quiere, que dé la cara, que los ciudadanos sepan quién los sube y a qué se destinan", indicó De la Fuente.

El nuevo sistema de financiación autonómica no será un maná ni aunque le salga muy bien a la Junta de Andalucía. Es posible afinar el sistema, que las que están peor financiadas vayan a mejorar un poco, pero De la Fuente dejó claro que la mejoría, como la infrafinanciación, es siempre relativa. Es decir, que en todo caso Andalucía se aproximará a la media de las comunidades o la superará, pero no verá saciada las ansias ilimitadas de gasto público que, en opinión del experto, tienen las comunidades. De la Fuente fue investigador del CSIC y es uno de los expertos que ha elaborado el primer informe del nuevo modelo de financiación para el Gobierno central. Él firmó un voto particular a las conclusiones, por el que abogaba por dejar claro a las comunidades que nadie puede garantizarles un mínimo de gasto para atender a los servicios públicos. "Nadie les puede garantizar el dinero que creen que van a necesitar, entre otras razones porque nadie puede calcular el coste de los servicios", indicó. Ante ello, una de las pocas propuestas que realiza el informe es la división del IVA y de los impuestos especiales en dos tramos, uno nacional y otro autonómico, de tal modo que si las comunidades creen que necesitan más recursos, puedan aumentar la recaudación mediante una subida impositiva.

Esta medida ya ha sido rechazada por varios gobiernos autonómicos porque entienden que sería culpabilizar a las comunidades del gasto. Sin embargo, es esto lo que De la Fuente y otros expertos buscan: corresponsabilizar a las autonomías de la recaudación de los ingresos. La propuesta tiene una complicación, y es que ese aumento debe ser consensuado entre las comunidades porque los territorios no pueden tener un IVA diferente. De la Fuente se ha destacado por ser uno de los detractores más cualificados del sistema de cálculo del Cupo vasco, es un defensor de la igualdad de recursos entre las comunidades, por eso su opinión cuenta más. Piensa, por ejemplo, que el régimen foral es "una reliquia del Antiguo Régimen". "Estoy de acuerdo con las peculiaridades, pero no con los privilegios y que haya comunidades donde el gasto por habitante sea el doble", valoró.

Su tesis es que las comunidades autónomas fueron elevando su deuda durante los tiempos de bonanza de un modo irresponsable, en el sentido literal: acomodadas en la creencia de que si es necesario, "siempre las rescatarán". ¿Quién? La Administración General del Estado. Explicó que el gasto de las comunidades subió en los años buenos de la década pasada hasta acumular un incremento del 35%, se convirtieron "recursos transitorios en gastos recurrentes", con lo cual la crisis fue especialmente dura. "Más que un problema de escasez de recursos es falta de planificación", añadió.

Andalucía está infrafinanciada, es cierto, pero según su tesis eso sólo significa que está por debajo de la media del total de las comunidades. El sistema que se negoció en 2001 fue más beneficioso para Andalucía, pero el que José Luis Rodríguez Zapatero acordó gracias al apoyo de ERC y del Gobierno andaluz fue perjudicial para la comunidad. No por un mal planteamiento, sino porque se tomó como base el año 2009, que por entonces no se había liquidado y que, a la postre, fue el primero de la caída de ingresos por la crisis. Las comunidades con más dependencia del fondo de suficiencia, como Andalucía, fueron las peor paradas.

De la Fuente había sido partidario de que a las comunidades perjudicadas por el sistema se les compensase con algún alivio de la deuda. Pero su opinión ha cambiado, cree que sería confirmarles a las comunidades que siempre habrá alguien que les saque de sus problemas. En lo que sí coincide con algunos de los postulados del PSOE es que se constituya un fondo de sostenibilidad del sistema, que crezca en tiempos de bonanzas para ser usado en el momento depresivo del ciclo.