La mayor parte de accidentes de tráfico acaban en demandas en los juzgados civiles para depurar responsabilidades de cara al cobro de indemnizaciones. Pero esto podría cambiar en los próximos meses. El hecho de que en la jurisdicción penal no se apliquen las tasas judiciales podría provocar "una huida" a esta vía de ésos y otros asuntos que normalmente se suelen dirimir en los juzgados de Primera Instancia. De esta posibilidad, que sobrecargaría aún más la jurisdicción penal -ya acapara el 77% de los casos que anualmente aterrizan en los tribunales- alertó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

Lo hizo durante la presentación de la Memoria anual de los órganos judiciales andaluces correspondiente a 2012, acto que tuvo lugar en el Palacio de la Real Chancillería de Granada, sede del Alto Tribunal andaluz. En concreto, el presidente advirtió que la exclusión de la jurisdicción penal en la aplicación de las tasas puede resultar "problemática", en tanto que podría originar "una mayor proliferación de querellas criminales, ante la expectativa de exención del pago de la tasa que esa misma reclamación devengaría".

El movimiento de expedientes en los tribunales experimentó en 2012 una leve subida del 0,4% respecto a 2011. Exactamente, entre enero y diciembre aterrizaron en los juzgados andaluces 1.916.065 casos nuevos, una cifra que, a juicio del presidente, sigue siendo muy elevada, pues refleja un alto porcentaje de litigiosidad. "No se puede asumir resignadamente un número cercano a los dos millones de asuntos a nivel andaluz (en torno al 20% de España) como una cifra razonable y sostenible", señala en su memoria, al tiempo que vaticina que todo apunta a que la tasa de litigiosidad de Andalucía (que es de 226,5 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) seguirá siendo, un año más, la más alta de España, por delante de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Aunque pese a la avalancha "se han resuelto en todos los órganos jurisdiccionales más asuntos de los ingresados".

Dentro de la jurisdicción penal -la "gran asignatura pendiente" del legislador- puso de relieve la "enorme tarea pendiente de extender la cultura del acuerdo previo al juicio oral", pues se traduciría en un ahorro de "costes y tiempo". Del Río se refirió de forma general a "la corrupción", que provoca "macrocausas", procesos de "gran complejidad y trascendencia pública", muchos de ellos "de contenido económico y referidos a dirigentes de la vida pública". En su opinión, "es imprescindible" que la corrupción no quede impune y demostrar al ciudadano que la Justicia funciona y es eficaz en estos casos, que sobresalen en la Costa del Sol. "La Justicia -añadió- se ha convertido en el último muro de contención para salvaguardar el sistema democrático".

Al respecto, Del Río criticó que "ningún" avance se haya producido en el último año en la Administración de Justicia. "No existe un modelo de futuro en la Justicia sino simples parcheos", dijo.